Tenían una veintena de empleados del hogar en su domicilio en la zona madrileña de Ciudad Jardín. Este barrio de la periferia de la capital apenas cuenta con casas de más de cien metros cuadrados. Ese era el negocio de una pareja de abogados que se dedicaban a realizar contratos simulados para regularizar a inmigrantes a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 1.000 y los 5.000 euros, según han informado a Vozpópuli fuentes de la investigación.
La pareja también tenían vínculos sentimentales que se rompieron con su detención por parte de los agentes de la Policía Nacional. Ambos eran españoles. Él tiene 57 años y contaba con antecedentes por estafa y falsedad documental. Ella tiene 55 y estaba libre de delitos hasta ahora, según estas mismas fuentes.
La investigación fue realizada por el Grupo XI del GOE de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid. Todo se inició en septiembre de 2020. Los funcionarios detectaron un documento oficial falso y las alarmas saltaron ante un posible delito de falsedad documental.
En su despacho o los juzgados
Los agentes analizaron a fondo la documentación que había sido aportada en los expedientes de regularización de este inmigrante. Descubrieron que detrás de todos los casos sospechosos estaba la misma pareja de abogados española.
Contrataban a estos migrantes como empleados del hogar para así poder iniciar los trámites para su regularización administrativa. Contactaban con estas personas gracias a su trabajo. Desde su despacho o en los propios juzgados cuando tenían que representarles de oficio.
Algunos delitos han prescrito
Estas personas con pocos recursos pagaban una cantidad de dinero que oscilaba entre los 1.000 y los 5.000 euros. Seis de estos clientes fueron detenidos por la Policía Nacional. Tres de ellos eran de Bangladesh y el resto de Senegal, Paraguay y Guinea Ecuatorial. No se han podido arrestar a más personas que accedieron a este tipo de servicios porque los delitos habían prescrito en el tiempo y no podían ser imputables.
Cabe recordar que de conformidad con el artículo 131.1 del Código Penal, en relación con el artículo 395 del mismo texto legal, el plazo de prescripción del delito de falsedad de documento privado es de 5 años.
Además las penas a las que ahora se enfrentan esta pareja de abogados puede ser una pena de prisión de seis meses a un año y una multa de tres a seis meses, si se demuestra su culpabilidad. De la misma forma los extranjeros que han sido arrestados se enfrentan también a la misma multa o incluso a la deportación de España ya que se encontraban de forma irregular.
Ofrecían todo tipo de documentos y cursos
Las pesquisas han permitido determinar que esta pareja de abogados habría regularizado a 22 personas de diferentes nacionalidades a través de contrataciones simuladas, las cuales fueron declaradas ficticias por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Fueron falsas gracias a las indagaciones que consiguieron realizar los funcionarios sobre los empleos y las vidas que desarrollaban todas estas personas que presuntamente trabajaban para esta pareja de abogados en su despacho y en el domicilio madrileño en el que residían en Ciudad Jardín.
Por otra parte, ofrecían otros tipos de servicios. Desde falsificar documentación como pasaportes, certificados de antecedentes policiales, volantes de empadronamiento o cursos de idioma español. Todo ello para permitir acreditar a los solicitantes de residencia su permanencia en España durante al menos tres años.
A esta pareja de abogados se les acusa de un presunto delito continuado de falsedad documental y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y a las otras seis personas implicadas por un delito de falsificación documental. Se acabó el negocio que tenían de la misma forma que también terminó su amor.
