Primera petición de pena de cárcel para Francisco Granados en el caso Púnica. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en la causa, ha entregado este lunes su escrito de acusación en la pieza del sumario que investiga el 'chivatazo' que presuntamente dio una agente de la Guardia Civil al ex secretario general del PP de Madrid y que puso en peligro toda la operación. En él, se considera al político responsable de un delito de aprovechamiento de revelación de secreto, penado con hasta seis años de prisión. Esa es, de hecho, la petición que hace la acusación popular. Para los otros dos encausados por estos hechos, el miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) que supuestamente dio los datos, José Manuel Rodríguez Talamino, y el guardia civil en excedencia José Luis Caro Vinagre, la solicitud es de tres años de cárcel para cada uno de ellos.
ADADE pide para Granados la máxima pena recogida en Código Penal para el delito de "aprovechamiento de revelación de secreto"
El escrito de ADADE, de once folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que el 6 de septiembre de 2014, solo un día después de que se instalase una cámara de vigilancia frente al edificio de la localidad de Pinto donde el constructor David Marjaliza, tenía las oficinas de su entramado empresarial, se interceptaron diferentes llamadas que apuntaban a que alguien de esta unidad policial había alertado supuestamente al político de que estaba siendo investigado. A partir de ese momento, los responsables de las pesquisas detectaron que varios de los sospechosos comenzaron a intercambiar llamados con información sobre dicho aviso. A partir de ese momento, algunos de ellos "proceden a la destrucción y ocultación de pruebas, reducen sus conversaciones telefónicas que habían sido intervenidas, provocan la necesidad de distraer medios y personal [de la Guardia Civil], alterando de este modo el normal curso de la investigación y dificultando la misma, lo que provoca serios problemas para la instrucción [...] además de incrementar el coste de la misma".
Un grave incidente en el que, según detalla el escrito de acusación de ADADE, participan los dos guardias civiles y Granados. De este último detalla que "en cuanto recibe la información pone en marcha la actividad a fin de minimizar los daños que de la investigación puede derivarse". Así, "intenta recabar más información" o bien directamente del miembro de la UCO Rodríguez Talamino, o de José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia con "los contactos y los conocimientos necesarios que pueden facilitar mejor el acceso a la información". Además, el que fuera número 3 del Ejeuctivo de Esperanza Aguirre también "utiliza los medios informáticos a su alcance para ampliar la información suministrada", en concreto para saber qué es la UCO y el grupo de esta unidad que le investiga.
"Todo de tipo de precauciones"
Asímismo, ADADE destaca que Granados también puso "en alerta a las personas relevantes a fin de entorpecer la investigación en curso". En concreto, hace referencia a una llamada al que entonces era su socio, el constructor David Marjaliza, "quien inmediatamernte procede a alertar" a varias personas de su confianza e intenta recabar nuevos datos. Finalmente, el escrito de acusación recalca que el ex secretario general del PP madrileño tomó "todo tipo de precauciones, notablemente minimiza información transmitida por teléfono, con el mismo objetivo de entorpecer la investigación". En este sentido, recuerda la existencia de varias de las llamadas en las que "se evita hablar claramente por teléfono y se organizan citas presenciales para abordar los temas".
La acusación particular solicita para los otros dos encausados, un agente de la UCO y un guardia civil en excedencia, 3 años de prisión para cada uno
El escrito recalca que todo ello provocó graves perjuicios a la investigación. En primer, lugar la UCO tuvo que retirar la cámara de vigilancia "lo que les priva de una valiosísima fuente de información". También "puso en alerta" tanto a Granados como "a otros investigados, quienes tomaron medidas adicionales de seguridad". También recuerda que los responsables de las pesquisas se vieron obligados a simular una operación paralela que se tradujo en un distracción de "recursos personales, económicos y materiales de la investigación en curso". Sin olvidar que "el estado de alerta de los investigados obligó a reducir los seguimientos, privando a los investigadores de información sustancial". Finalmente, ADADE destaca que incluso se estudió iniciar las detenciones inmediatamente, una medida que "finalmente fue descartada por el riesgo que suponía realizarlas en condiciones adversas".
Por todo ello, el acusación popular considera al guardia civil Rodríguez Talamino y su compañero en excedencia Caro Vinagre responsables de un delito de revelación de secreto recogido en el artículo 417 del Código Penal, por lo que pide para cada uno de ellos tres años de cárcel. En el caso de Francisco Granados, le considera autor de otro de "aprovechamiento del delito revelado", englobado en el artículo 418 y cuya pena máxima es, precisamente, la que le pide: 6 años de cárcel. También pide que los tres indemnicen de manera conjunta a la Dirección General de la Guardia Civil por el coste de la operación que hubo que montar para intentar engañar al político y el resto de investigados, y que obligó a desplazar a diversos agentes fuera de la provincia de Madrid.
