Podemos ha registrado este jueves ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Real Decreto Ley que establecía un mecanismo extrajudicial para las cláusulas suelo abusivas, al considerar que el Gobierno se "inventó" un proceso "sin garantías" que sólo protege al sector financiero.
Así lo ha manifestado a su salida del tribunal la senadora por Guipúzcoa y responsable de Políticas Sociales y Vivienda de la formación, Pilar Garrido, que ha asegurado que el motivo del recurso son los "vicios" de lo que consideran un "decretazo" en el que el Ejecutivo no contó con la colaboración de la ciudadanía y "se saltó muchos derechos fundamentales".
El real decreto, aprobado por el Congreso el pasado enero, daba luz verde a la vía extrajudicial para que los hipotecados con cláusulas suelo abusivas pudieran recuperar el dinero que abonaron de más durante los años en los que no se beneficiaron íntegramente de las caídas del euríbor.
El texto salió adelante con 166 votos a favor y el apoyo de Ciudadanos, 87 abstenciones, entre ellas la del grupo socialista, y 88 en contra, incluida la del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ahora confía en que la máxima instancia judicial española se posicione del lado del ciudadano.
En este sentido, el abogado Dionisio Moreno ha insistido en que dicho mecanismo "palía" y "modera" los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en diciembre reconoció la completa retroactividad para los afectados, tanto en la forma de reintegrar las cantidades como en la de reclamar.
Además, ha querido aclarar que la presentación del recurso de inconstitucionalidad no supone obstáculo alguno para todos aquellos perjudicados que ya se han acogido a la vía extrajudicial puesta en marcha por el Gobierno, y ha asegurado que el objetivo es hacer que más personas puedan beneficiarse del fallo de Europa.
Y es que, en opinión de la letrada Verónica Dávalos, España sufre un "grave problema" en la trasposición de las normas comunitarias hasta el punto de vulnerar derechos fundamentales y "discriminar" a los consumidores, ya que el real decreto sólo prevé que se acojan a esta vía las personas físicas, lo que obliga a aquellas jurídicas a acudir a los juzgados.
Asimismo, se ha referido a la discriminación en materia de costas procesales que, como recogen en su recurso, "deberían ir a las entidades bancarias" y no al particular. Sobre la decisión del Tribunal Supremo de no revisar las sentencias firmes dictadas por los distintos juzgados nacionales antes de conocerse la decisión del TJUE, Dávalos ha instado a un cambio legislativo puesto que podría incurrir en un problema de responsabilidad del Estado con coste para los contribuyentes.
"No sabemos por qué el Gobierno beneficia a las élites económicas pero ellos sabrán qué tejemanejes se traen con la banca para aprobar este tipo de normativa", ha dicho Garrido, que se ha lamentado de que la falta de medidas coercitivas contra las entidades acabe por perjudicar a los afectados.
