Los presidentes de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han propuesto ocho puntos clave para la reforma del modelo de financiación autonómica, en el marco de una negociación que debe plantearse, a su juicio, en términos de asegurar con equidad la prestación de los servicios públicos en todas las autonomías, administraciones que "no derrochan" en sanidad, educación o bienestar social.
Así lo han señalado ambos mandatarios tras reunirse en el Palau de la Generalitat en Valencia, donde han hecho pública su "preocupación" ante el inicio de los trabajos de la comisión de expertos puesta en marcha para estudiar este tema: "Creemos que el Ministerio no ha entendido suficientemente el mensaje que se lanzó desde la Conferencia de Presidentes, se decía que hay que trabajar conjuntamente el proceso, no es el Ministerio el que dicta las normas ni es el que dirige esta operación".
"Creemos que el Ministerio no ha entendido suficientemente el mensaje que se lanzó desde la Conferencia de Presidentes", dice Puig
"Vemos con preocupación que se intente controlar desde el Ministerio y no se dé voz real a los expertos de todas las comunidades, que tienen que tener un papel mucho más activo del que parece el Ministerio quiere darles", ha dicho.
Sin derroche
En el documento acordado por ambas administraciones ante las "incertidumbres" respecto a la actuación del Gobierno recuerdan que la reforma de la financiación no debe abordarse como un debate de territorios, sino para mejorar el Estado del Bienestar en el conjunto de las regiones, de modo que los ciudadanos "tengan los mismos recursos y las mismas oportunidades, ha dicho Puig.
Además, hace hincapié en que el actual sistema no ha protegido el gasto social durante la crisis, sino que en las grandes partidas (sanidad, educación y dependencia) el gasto real por habitante se ha visto obligado a retroceder un 15% y las comunidades dedican 16.000 millones de euros más a prestar servicios esenciales de los que ofrece el Fondo de Garantía, lo que genera una "insuficiencia" de recursos.
También defiende que las comunidades "no derrochan en sanidad, educación y protección social" porque, de hecho, este gasto está cuatro puntos por debajo de la media de países de la Eurozona, con 40.000 millones de euros menos.
Financiación suficiente
El nuevo modelo, señala el texto, debe proporcionar financiación suficiente para que las comunidades "puedan prestar todos los servicios públicos de los que son responsables con unos niveles de calidad adecuados y sin incurrir en déficits en el horizonte 2020" y construir un sistema que equipare en recursos a las regiones, dando estabilidad a la financiación de sanidad, educación y servicios sociales, con un nivel de gasto protegido de las oscilaciones del ciclo económico.
El nuevo modelo debe proporcionar financiación suficiente para que las comunidades "puedan prestar todos los servicios públicos
Asimismo, el nuevo modelo debe ser "sencillo, transparente y predecible" para permitir la planificación a medio y largo plazo, y tener en cuenta que durante los últimos años la contribución a la reducción del gasto público "ha sido muy desigual" y las comunidades han soportado el mayor peso.
