El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato denuncia que la causa que le investiga desde 2015 por presunta evasión fiscal y blanqueo de capitales ha quedado en manos de la Oficina Antifraude, la ONIF, y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, después de que el juez haya dejado la instrucción "sin control".
De este modo ha respondido Rato al atestado de la UCO en el que los agentes de la Guardia Civil señalaban que varias empresas privatizadas en los años en los que fue ministro (1996-2004) pagaron por campañas de publicidad en medios casi 83 millones, a través de agencias presuntamente relacionadas con su familia.
En un escrito de 20 páginas al que ha tenido acceso Efe, el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la investigación es "eminentemente política" y está dirigida a empañar su "buen nombre como ministro" pese a carecer de pruebas concluyentes.
Rato cree que los agentes de la UCO parten de la hipótesis criminal de que desde su cargo público se habría enriquecido ilícitamente, una idea que, sostiene, tratan de defender tergiversando la realidad y aprovechando información obtenida a partir de diligencias "opacas", practicadas "en silencio y a espaldas de las defensas".
Enfatiza Rato en su escrito que en España no está prohibido que un alto cargo sea accionista de empresas que contraten con la Administración e incide en que los atestados del Instituto Armado han implicado la práctica de numerosas pruebas realizadas "sin informar con carácter previo al juzgado o, incluso, pedir autorización respecto de las pesquisas".
El documento, remitido el pasado jueves por el exministro al juez de Madrid que instruye su caso, denuncia que en el último año y medio se haya tomado declaración a 48 personas, algunas de las cuales "en calidad de investigados", sin haber dado traslado a las defensas ni estando presente el propio magistrado.
