La incertidumbre en torno a Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) ha generado un notable aumento de consultas de funcionarios que exploran alternativas en seguros de salud privados. Con una renovación del convenio que sigue sin garantías de estabilidad, empleados públicos adscritos a Muface temen quedarse sin cobertura sanitaria si las aseguradoras no ven viabilidad en las condiciones propuestas por el Gobierno.
Actualmente, el organismo gestiona la asistencia médica de 1,5 millones de funcionarios y familiares y enfrenta un momento de incertidumbre que podría modificar drásticamente el modelo de salud privado para empleados públicos.
La propuesta de subida del 17% en las primas ofrecida por el Gobierno no convence a las aseguradoras actualmente inscritas en el convenio (Adeslas, Asisa y DKV), que califican el incremento como insuficiente.
Las pérdidas, señalan, rondan los 200 millones de euros anuales debido a factores como la subida de la inflación en 2022 y el incremento de consultas y costes médicos, factores que han disparado el coste de cobertura sanitaria sin una compensación adecuada en las primas.
Los funcionarios comienzan a mirar alternativas
Para muchos funcionarios, las alternativas en seguros privados comienzan a verse como una solución a corto plazo. Lo cierto es que ya muchos funcionarios han considerado contratar un seguro privado para garantizar su continuidad con los especialistas de siempre, pero seguramente recurriendo a la sanidad pública para cosas más graves. Y es que esta es la realidad para muchos funcionarios que sienten que su continuidad en Muface está en peligro, y buscan alternativas en seguros de salud privados ante un convenio cuya viabilidad es incierta.
Por su parte, aseguradoras y empresas de servicios sanitarios ya están recibiendo numerosas consultas de funcionarios interesados en conocer más sobre productos de salud y opciones de cobertura fuera del sistema Muface. La gran mayoría de empleados públicos adscritos a esta mutualidad (78%) eligen recibir asistencia sanitaria privada; en el caso de los militares, la cifra asciende al 90%. Si finalmente Muface no logra el respaldo de aseguradoras, el impacto en hospitales y centros de salud públicos podría ser considerable, con un incremento de usuarios que saturaría aún más la atención primaria en las comunidades autónomas.
Muface, Isfas y Mugeju: diferencias y similitudes en la situación
La situación de Muface también tiene paralelismos con las otras dos mutualidades públicas del país: Isfas (Fuerzas Armadas y Guardia Civil) y Mugeju (empleados de la Administración de Justicia). Ambos convenios también deben ser renovados a inicios de 2025 y comparten ciertas inquietudes, aunque presentan menores costes debido a diferencias en la siniestralidad y la media de edad de los beneficiarios. Aun así, aseguran fuentes del sector que la situación de estas mutualidades es también incierta y será clave en las próximas semanas.
A esta situación se suma la preocupación de sindicatos y asociaciones de funcionarios, jueces, militares y guardias civiles, quienes han manifestado su desacuerdo con la actual propuesta de convenio y el riesgo que supone para los empleados públicos. La falta de una oferta económica sólida, denuncian, podría dejar a cientos de miles de funcionarios sin las coberturas privadas que hasta ahora eran una alternativa confiable a la sanidad pública.
La situación se tensa de cara al 5 de noviembre
Con la fecha límite del 5 de noviembre para presentar solicitudes al convenio, las aseguradoras disponen de pocos días para decidir si finalmente renuevan su compromiso. En caso de que ninguna aseguradora se presente, sería necesario abrir un nuevo concurso público, pero el margen de maniobra es mínimo, ya que el nuevo convenio debe entrar en vigor el próximo 1 de enero.
La posibilidad de que Muface, Isfas o Mugeju no consigan aseguradoras dispuestas a asumir las condiciones económicas actuales abre un debate sobre el futuro de la asistencia sanitaria de los funcionarios públicos en España y los retos de sostenibilidad financiera que enfrenta el sistema de mutualidades
