La senadora de Podemos por Álava, Elvira García Díaz, ha evitado su desahucio tras pagar a la sociedad pública vasca de alquileres, Alokabide la deuda de 5.000 euros que mantenía por el alquiler de una vivienda social, que ha abandonado. A principios de febrero, una jueza de Vitoria decretó el desahucio de la parlamentaria tras recurrir en un impago de 200 euros mensuales desde principios de 2015.
García Díaz percibe unos 5.800 euros mensuales por su puesto en la Cámara Alta. En el momento en que saltó la polémica, la senadora declinó hacer declaraciones y fuentes de Podemos achacaron la deuda a una "separación conflictiva".
La senadora incurrió en varias infracciones como por ejemplo no comunicar el cambio en la estructura familiar al producirse la separación -las viviendas se otorgan en función de los integrantes de la familia-; en segundo lugar, la modificación de sus circunstancias económicas al lograr el acta de senadora que le habrían obligado a abandonar la vivienda social por superar los ingresos máximos; y en tercer lugar, aunque esto es más discutible por lo peliagudo de las circunstancias, la situación anterior de malos tratos, que habrían llevado su caso por otros cauces y podría haber accedido a un piso de acogida e incluso una vivienda protegida.
El Consejo Ciudadano de Podemos en Vitoria pidió a García Díaz que dejara su puesto de senadora porque "en ningún caso" se pueden poner por delante los intereses personales o económicos frente a las necesidades de la gente a la que se representa. La situación de Elvira García provocó además una brecha entre la formación morada y la plataforma Stop Desahucios que también insistió en que debía presentar su dimisión.
