La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha avalado una sentencia anterior de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a Cepsa con 46,5 millones de euros por obligarle a vender butano a pérdida.
En concreto, el tribunal ha desestimado un recurso de casación presentado por el abogado del Estado y ha confirmado de esta forma la sentencia de la Audiencia, en la que se reconoce una compensación a Cepsa Gas Licuado a la que deben sumarse los intereses.
Con este importe, quedarán compensados los daños sufridos por la empresa relacionados con la aplicación de la orden ministerial ITC/2/2608/2009 en la que se fijan los precios máximos de venta de la bombona de butano. Esta orden fue declarada nula por el Supremo el 19 de junio de 2012.
Tras la anulación de la orden, Cepsa tuvo que demostrar que su aplicación le supuso un perjuicio económico. Al aplicarse la prueba pericial, se han calculado los ingresos que la empresa habría obtenido de estar en vigor el anterior precio máximo, así como otros elementos, entre ellos la situación de oligopolio en el sector.
El Supremo considera que la actualización de los precios del butano se realizó "incorrectamente y de forma poco razonable". El Gobierno puede imponer en casos concretos "un deber de soportar el daño", pero esta obligación "no puede admitirse como razonable un precio regulado que impone a los suministradores la venta a pérdidas durante un período prolongado de tiempo".
La conducta del Ejecutivo, señala el tribunal, implicó "una vulneración del principio de proporcionalidad en la intervención pública en la fijación específica de precios máximos de GLP que se había acordado y que fue objeto de anulación".
Indemnización a Repsol
Esta sentencia se conoce después de que diversas instancias judiciales hayan dado la razón por el mismo motivo a Repsol, que también deberá ser indemnizada. El Supremo ha condenado recientemente al Estado a pagar 42 millones de euros a Repsol Butano por obligarle a vender a pérdida en el primer y segundo trimestre de 2011.
Además, el Estado deberá indemnizar a Repsol Butano con otros 109,5 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños causados a la empresa al obligarla a vender butano a pérdida, según otras tres recientes sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo.
