Un equipo de una veintena de abogados de diferentes disciplinas, entre ellos dos exvocales del CGPJ, se encargarán de la defensa del exteniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército por criticar a la institución y que ahora recurrirá esa decisión ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Según ha informado la Plataforma X la Honestidad en un comunicado, el equipo estará coordinado por el abogado barcelonés Josep Jover y los gastos de la defensa se sufragarán mediante suscripciones populares.
Segura fue expulsado del Ejército en 2015 por una falta muy grave cometida por realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y la subordinación a los superiores al haber publicado varios libros críticos con la institución.
Otro de los motivos por los que se le expulsó es por haber denunciado privilegios "insultantes, delictivos y poco éticos para algunos oficiales" en la presentación de una de sus novelas, una decisión que confirmó el Tribunal Supremo hace tres semanas.
El equipo de letrados está formado por especialistas en materia penal, constitucional, militar administrativa y en derecho europeo de diferentes puntos de España.
Entre ellos figuran exdiputados y exmiembros del CGPJ como Mercè Pigem y Alfons López Tena, el exmagistrado del TSJC Jordi Morató, el exsubdirector general de la Policía de Cataluña Carles Sánchez y el miembro de la Comisión de Interior del Parlament catalán David Companyon.
Según la plataforma, la preocupación que une a estos abogados "es la merma que está sufriendo la libertad de expresión en España, la cual está siendo bendecida por la alta magistratura".
Jover, coordinador del equipo, defiende en la nota de prensa que en este caso lo que se denuncia "es la imposición del miedo a no hablar de la corrupción en un estamento tan vital como el Ejército".
"La disciplina militar nunca puede tapar abusos y corrupción que en los demás estamentos son pura y llanamente delitos", añade el abogado.
En su recurso ante el Supremo, que rechazó el alto tribunal, el militar sostenía que la actuación disciplinaria no era ajustada a derecho, que se le había generado indefensión y que, además, la sanción es desproporcionada.
Sin embargo, el Supremo no acogió sus argumentos recordando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las limitaciones del derecho a la libertad de expresión cuando se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas.
Concluía que las expresiones y descalificaciones eran "claramente insultantes" y que lo que el teniente hizo fue "pura y llanamente ofender, imputando de manera generalizada, reiterada y contumaz a mandos y autoridades la comisión de actos arbitrarios, ilegales e inicuos".
