Un polémico abogado para un senador en apuros. Juan Soler-Espiauba Gallo, exalcalde de Getafe y actual miembro de la Cámara Alta y de la Asamblea de Madrid por el PP, ha contratado los servicios del bufete del que fuera fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez Marqués, el letrado que con su querella consiguió apartar a Baltasar Garzón de la carrera judicial. El parlamentario 'popular' quiere que le defienda en la investigación por las supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de la localidad madrileña cuando él era regidor y en la que hay informes policiales que le vinculan presuntamente con seis amaños de contratos públicos. Nada más 'ficharle', Peláez presentó un escrito en el Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe para reclamar que su titular, el magistrado Francisco Javier Achaerandio, se aparte y remita la causa al Tribunal Supremo dada la actual condición de aforado de Soler. Sin éxito, por ahora.
El abogado Ignacio Peláez se hizo cargo de la defensa de Soler el 24 de noviembre pasado. Un día después ya intentaba apartar de la causa al juez de Getafe
La entrada de Pelaéz, que en la actualidad también representa a otros célebres encausados como el banquero Mario Conde, se produjo el pasado 24 de noviembre. Ese día, el senador del PP le designó a él y a su compañera de despacho Paula Arévalo López, para que le representasen en las Diligencias Previas 750/2015 conocidas como 'caso Teatro', iniciadas por las supuestas irregularidades detectadas en el proyecto de remodelación de un edificio público de Getafe para convertirlo en el Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas, una de las grandes promesas electorales de Soler en la campaña electoral de 2011 que le llevó a la alcaldía. Sólo un día después, el polémico letrado presentaba un escrito de cinco folios en el que reclamaba al juez Achaerandio que "se abstenga de continuar la tramitación del presente procedimiento" respecto al exalcalde y le exigía que elevase la misma a la Sala II del Tribunal Supremo para que fuera ésta la que examinara el sumario y concluyera si "existen elementos incriminatorios" contra su cliente.
Para ello, el escrito recalca que si bien Soler no era senador cuando un vecino de la localidad, Roberto Benitez, presentó en abril de 2015 la querella contra él y otros miembros de su equipo de Gobierno en el que se le imputaba un presunto delito de prevaricación y que ha derivado en el 'caso Teatro', si adquirió dicha condición meses después, en julio de 2015 y que en pasado mes de julio ésta fue ratificada. Por ello, recuerda que el pasado 29 de julio presentó ante el Tribunal Supremo, el órgano judicial que en su condición de aforado es el competente para investigarle, un escrito en el que reclamaba al Alto Tribunal que requiriese al juez de Getafe que "cese en la instrucción" y remitiese "las actuaciones" al mismo. Aquella petición no tuvo éxito, como se reconoce en el mismo escrito, ya que el 7 de septiembre pasado la Sala II del Tribunal Supremo dictó una providencia de la que fue ponente el magistrado José Manuel Maza, hoy fiscal general del Estado, en la que se concluía que no procedía lo que pedía el hoy senador y que era "competencia del juzgador instructor elevar, en su caso, exposición razona a esta sala".
"Indefensión y desamparo"
Un varapalo judicial que no ha impedido que el abogado Ignacio Peláez intente de nuevo apartar al juez Achaerandio de la causa con su escrito de noviembre y con idénticos argumentos. Así, en el apartado de alegaciones se insiste que pese al tiempo transcurrido desde la interposición de la querella en abril de 2015, "en ningún momento ha permitido [el magistrado] a nuestro representado tener acceso a las actuaciones, ni se le ha informado de la existencia de las mismas, produciéndose una clara situación de indefensión y desamparo" que tilda de inconstitucionales. En este sentido, el texto recuerda que desde que se admitió la querella, la causa ha estado secreta y seguía en el momento en el que se redactó el escrito (ha sido levantado estas pasadas navidades). Una circunstancia que considera un "abuso", para lo que cita una sentencia del propio Tribunal Supremo de 2012.
El escrito acusa al juez de Getafe de seguir investigando pese a conocer la condición de aforado de Soler. Y si no lo sabía, "se lo ponemos ahora en su conocimiento"
Además, recrimina al juez de Getafe que tuviera "pleno conocimiento de la condición de aforado" de Juan Soler y que, pese a ello, siga la investigación sobre las irregularidades en el consistorio durante su alcaldía. En este punto, el abogado Ignacio Peláez se permite ironizar que si, estuviera equivocado y en realidad no conociera la actual condición de senador del exalcalde, "se lo ponemos ahora en su conocimiento". Por todo ello, le exige que "tiene que dejar de conocer los hechos y remitir todo lo relacionado" con Soler al Tribunal Supremo mediante "la oportuna exposición razonada". Además, le advierte que ha remitido una "copia" de este escrito al Alto Tribunal. El juez Achaerandio ha desestimado hasta ahora tal pretensión y, de hecho, ha citado para este mismo mes de enero a 18 personas como investigados (la actual denominación de imputado), entre ellos varios concejales de su equipo de gobierno.
