”Doñana, el agua, la prohibición de matar el lobo que ataca al ganado, el azucar, los toros, las inspecciones, la carne, la inflación, el salario mínimo, el precio de la energía, la Ley de Protección Animal y la caza, las energías renovables, la creciente carga normativa, la prohibición de dinero en efectivo a un mundo que paga en mano… Hay muchas medidas que, siendo comprensibles desde la ciudad, chocan frontalmente con el estilo de vida del campo y en todo el mundo la polarización campo/ciudad esta creciendo”, diagnosticaba recientemente a Vozpópuli el responsable de GAD3, Narciso Michavila, para explicar el ascenso de PP y, sobre todo, Vox en ese ámbito

Más allá del enfrentamiento Gobierno/Junta de Andalucía por la falta de agua en la provincia de Huelva, con la supervivencia del Parque Nacional de Doñana vs la producción intensiva del llamado oro rojo (fresa y frutos rojos) como telón de fondo, en Ferraz y en La Moncloa inquieta desde hace tiempo cuál será la reacción del mundo rural en las elecciones del 28 de mayo porque lleva varios años dando señales de contestación al orden urbanita establecido y el ascenso de Vox, particularmente en la España interior, es una de ellas.

Que se lo digan a dos de los barones socialistas más consolidados, el castellano-manchego Emiliano García Page, y el extremeño Guillermo Fernández Vara, quienes llevan años intentando contener ese ascenso y pelean a esta hora porque la irrupción con fuerza de los de Santiago Abascal en sus respectivos parlamentos que pronostican algunos sondeos no acabe dando de rebote la presidencia regional a dos grandes desconocidos, los candidatos populares Francisco Núñez y Maria Guardiola, respectivamente.

De ese temor a las urnas proviene el Consejo de Ministros del pasado jueves para aprobar, aprisa y corriendo, otros 786 millones de ayudas directas a los agricultores; o la marcha atrás de Teresa Ribera en la demolición de la presa de Valdecaballeros

De ese temor a las urnas proviene la convocatoria del Consejo de Ministros este jueves pasado, aprisa y corriendo, para aprobar otros 786 millones de ayudas directas a los agricultores contra la sequía -lo cual eleva ya a 2.190 millones el paquete aprobado en los últimos meses; o la decisión de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de dar marcha atrás en la demolición de la presa de Valdecaballeros ante la fuerte oposición vecinal de los municipios afectados y la presión del propio presidente Vara ante Pedro Sánchez.

Ribera se queja amargamente de que Vox haya conseguido colar el ”bulo” de que se está destruyendo pantanos en plena sequía -la mayoría son azudes inutilizados, replica-, pero lo cierto es que su estilo no gusta nada en muchas federaciones socialistas del sur, las más afectadas por la falta de agua, donde se ve a la ministra un tanto “talibana” en su defensora de un ecologismo urbanita que pueda hacer mucho daño al PSOE en el campo este 28 de mayo.

El ejemplo de lo ocurrido con Doñana semanas atrás resulta paradigmático: el PSOE andaluz no cuestiona que haya que frenar el estrés hídrico del Parque Nacional en un contexto de sequía, pero sí como se trasladó en un primer momento el mensaje a los más de 30.000 agricultores onubenses afectados y a sus familias; que se antepusiera el “no hay agua” al ”vamos a daros soluciones” de futuro, casi criminalizando el cultivo de fresa y frutos rojos, admite un edil a este periódico.

“Y todo por motivos puramente electorales”, explica otra fuente socialista de fuera de Andalucía. ”Yo creo que Ferraz y La Moncloa vieron la oportunidad de atacar a Moreno Bonilla por ese flanco del decreto, de paso a Feijóo, y no se pararon a pensar el daño que se hacía con esa carambola al PSOE allí (Andalucía) y la imagen que estaban trasladando el resto del campo español”.

El problema para el PSOE es que Doñana ha dejado de ser un asunto local de Huelva, incluso andaluz, tras haber copado portadas y aperturas de informativos, y ha terminado calando en el resto del agro español “como forma de no hacer las cosas”

Esta fuente pone como ejemplo contrario de lo sucedido en Doñana la estrategia desde hace veinte años de los sucesivos gobiernos de PSOE y PP con el cierre de la minería: a Asturias, León, Palencia, Teruel (Andorra) y otras provincias afectadas, las sucesivas administraciones fueron con indemnizaciones y soluciones ”por delante” para los mineros. El adiós carbón, una industria centenaria, generó al partido lógica tensión en unas comarcas muy de izquierdas, pero ni de lejos lo ocurrido en Huelva, donde los propios alcaldes socialistas están de uñas contra Ribera y el Ejecutivo.

El problema ahora, a dos semanas de unas elecciones en las que el PSOE se juega miles de alcaldías y nueve autonomías, es que el tema Doñana ha dejado de ser asunto local, siquiera andaluz, al haber intervenido la Unión Europea y copado decenas de portadas de periódicos y aperturas de informativos en radio y televisión; y ha terminado calando en buena parte del agro hispano “como forma de no hacer las cosas”, dice ese edil.

Un ex dirigente conocedor de la sala de máquinas de Ferraz augura a Vozpopuli que, además de la provincia de Huelva, donde está en juego la Diputación, el PSOE tendrá serios problemas el 28M para retener todas las capitales de provincia andaluzas, particularmente Granada, ”y veremos Sevilla capital”; y rechazo fuerte también en Almería, Murcia y Alicante por las restricciones del trasvase Tajo-Segura a las respectivas huertas.

La clave es la música hostil al campo que emana del Gobierno de coalición, no tanto la letra que suponen acuerdos del Consejo de Ministros como los 786 millones de ayuda; ahora es la sequía y Doñana, pero antes fueron la Ley de bienestar animal y la caza

La clave es esa música hostil al campo que emana del Gobierno de coalición de izquierda, no tanto la letra que suponen acuerdos beneficiosos del Consejo de Ministros como los 786 millones de ayuda este jueves. Porque, así como Almería y Murcia están perdidas para los socialistas desde hace años y Vox es hoy allí muy pujante, un buen mordisco electoral de los de Vox y el PP en Alicante -el candidato Carlos Mazón es de allí- podría hacer perder la Presidencia de la Comunidad Valenciana a Ximo Puig, que también tiene abierta una guerra con Teresa Ribera por el agua de los regantes.

Y perder la Comunidad Valenciana, como lo sería perder Extremadura o Castilla-La Mancha -hoy por hoy más improbable a tenor de los últimos sondeos en ambas comunidades-, sería sinónimo de derrota el 28M y casi segura de Pedro Sánchez frente a Feijóo en las elecciones generales de diciembre. Palabras mayores.

Ahora es la sequía, pero hasta hace no tantos meses la polémica fue la llamada Ley de Bienestar Animal impulsada por Podemos. Sólo la presión del ministro de Agricultura, Luis Planas a Pedro Sánchez, secundado por los barones Page, Vara y por el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, a quien de poco le sirvió en las elecciones andaluzas ir por los pueblos reuniéndose con cazadores para desmentir que el ejecutivo fuera a ”prohibir la caza” (sic), propició que el Grupo Socialista enmendara en el último momento la norma para sacar a los perros de caza de la misma.

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