"La investigación realizada sobre la información de Reuters ha demostrado que la noticia es falsa", ha hecho saber el servicio de información birmano, citando a fuentes de la Guardia Fronteriza de Bangladesh, el mismo organismo que informó en un primer momento de la expulsión de los desplazados.
De momento han muerto 86 personas -- 69 insurgentes y 17 miembros de las fuerzas de seguridad -- y más de 30.000 han tenido que abandonar sus hogares escapando de un conflicto que ha llegado a dejar sin alimentos durante un mes a 150.000 rohingya miembros de esta minoría, una de las más perseguidas del mundo, ante la pasividad del Gobierno y de la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, líder 'de facto' del país.
"La consejera de Estado Aung San Suu Kyi ha declarado recientemente que el Gobierno está respondiendo a la situación de acuerdo con la legalidad vigente", ha declarado el enviado de la ONU para los Derechos Humanos en Birmania, Yanghee Lee, "y sin embargo no tengo constancia alguna de estos esfuerzos".
Más bien al contrario, según el experto. "El Gobierno parece haber respondido negando la mayor, en lo que podría ser la aprobación tácita de una intensificación de sus operaciones", ha añadido.
La ONG Human Rights Watch divulgó la semana pasada una serie de imágenes por satélite que muestran más de 400 viviendas de la minoría Rohingya arrasadas por las llamas en lo que parece un nuevo episodio de la campaña de persecución y abusos liderada por las autoridades birmanas, a las que han conminado a que investiguen inmediatamente estos incidentes.
Las imágenes enseñan, concretamente, 430 viviendas destruidas en tres poblados de la provincia septentrional de Maungdaw a lo largo de tres días: el 22 de octubre, el 3 de noviembre y el 10 de noviembre de este año. De ellas, 85 pertenecían a la localidad de Pyaung Pyit, 245 a Kyet Yoe Pyin y otras 100 en Wa Peik.
"Los daños coinciden con la acción de las llamas y es posible que el número de viviendas pueda ser mayor porque los árboles ocultan gran parte de los destrozos", indica la ONG, que recordó a Birmania su obligación de iniciar una investigación "exhaustiva e imparcial" sobre cualquier violación de los Derechos Humanos que se pueda producir. El Gobierno ha negado todos los puntos del informe.
