CGT ha instado este viernes al Consell a llegar a un acuerdo antes de que la Audiencia Nacional dicte sentencia sobre el Expediente de Regulación de Empleo de Extinción de Radiotelevisión Valenciana, después de que se haya señalado la celebración del juicio para el 11 de enero en relación con la demanda judicial presentada en su día por el sindicato.

La central sindical ha advertido de que, de "confirmarse las previsiones" y se sentenciara la nulidad del ERE, las indemnizaciones a los trabajadores podrían llegar a entre 150 y 200 millones de euros, una cantidad que crece "cuanto más tiempo pasa" y se calcula que sube en alrededor de un millón de euros por semana. CGT tampoco ve "descartable" que la propia Audiencia Nacional puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad, lo que alargaría aún más el proceso.

El sindicato recuerda que las consecuencias de la nulidad del ERE serían "la obligación de reincorporar a toda la plantilla, que devolvería las indemnizaciones y cobraría los salarios dejados de percibir, además de abonar los costes de la Seguridad Social".

La demanda de CGT, único que no firmó el acuerdo del ERE, "tiene muchas probabilidades de prosperar", asegura el sindicato, que añade que la ejecución de una hipotética sentencia estimatoria de sus pretensiones "supondría directamente el incumplimiento de la Ley de estabilidad Presupuestaria" y tener una plantilla duplicada si el Consell sigue con sus planes de crear una nueva radio y televisión pública "desde cero".

CGT recalca que el Consell ha presupuestado 55 millones de euros para poner en marcha el próximo año la nueva RTVV, con lo que, so a eso se añaden las consecuencias económicas derivadas de una posible nulidad del ERE, "ya nos podemos imaginar el futuro de esa televisión: inicio de emisiones y fundido a negro de nuevo en un plis plas".

El sindicato ha vuelto a plantear a la Generalitat la necesidad de abrir un proceso de negociación para evitar esta situación y ha pedido una reunión con el presidente Ximo Puig, con la vicepresidenta, Mónica Oltra, y los grupos parlamentarios para lograr un acuerdo que "ponga fin a la incertidumbre derivada de una posible sentencia de nulidad".

Asimismo, avisa de que está en juego el modelo de una RTVV pública con la propuesta del Consell de una televisión "low cost" con unos 300 trabajadores que se ocuparían de informativos y el resto se privatizaría a través de productoras que "precarizarían" el mercado laboral.

OPOSICIÓN Y ANTIGÜEDAD

Su propuesta, compartida con el Comité de empresa, supone una nueva RTVV con un número de trabajadores suficiente, que calcula en unos 800, en la línea de las plantillas de otras comunidades con características similares, lo que supondría la devolución de las indemnización por parte de los reincorporados. El criterio para ello sería el haber superado un proceso de selección por oposición y antigüedad.

Para el sindicato, esta solución "permitiría desbloquear el conflicto judicializado" y la puesta en marcha en un "breve plazo" con medios públicos "sin riesgos de que se dispare el coste de la nueva televisión". Además, el sindicato exige que el Consell "de manera inmediata" se persone en la causa penal abierta contra los exgestores del ente "y que luche para que se devuelva hasta el último euro robado".