Los acusados, Yehia Qalash, Jaled al Balshi y Gamal Abdel Rahim, tienen derecho a recurrir la sentencia, la primera contra un máximo responsable del Sindicato de la Prensa en sus 75 años de historia. El dictamen ha sido muy criticado por organizaciones de Derechos Humanos y abogados.
"Para empezar, el caso no debería haber ido a juicio", ha afirmado el abogado especializado en Derechos Humanos Gamal Eid, fundador además de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos. "La decisión tiene motivos políticos (...). No estamos hablando sobre derecho y poder judicial", ha argumentado.
En mayo, la Fiscalía presentó cargos contra los tres por alojar a compañeros perseguidos por las fuerzas de seguridad por difundir informaciones falsas. El abogado de los sindicalistas, Sayyed Abu Zeid, rechazó entonces los cargos, vinculados a una operación policial realizada el 2 de mayo en la sede del Sindicato de la Prensa para detener a dos periodistas afines a la oposición, Mahmud el Sakka y Amr Badr.
Qalash condenó la detención de El Sakka y Badr y dos días después de su arresto pidió la dimisión del ministro del Interior. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades la retirada de los cargos contra los sindicalistas.
