Llevaban tiempo anunciándolo y, por fin, la controvertida Ley de Cambio Climático ha sido aprobada por el Gobierno Balear, la primera ley de este tipo que se aprueba en Europa y que no marca límites de circulación con los coches diésel en determinados días o en zonas concretas, sino que directamente prohíbe la venta de este tipo de turismos en las islas a partir de 2025, una medida que está levantando ampollas en el sector, sobre todo entre los fabricantes, pero también en la patronal Anfac e incluso en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que duda de la legalidad de esta medida.
Una medida que supone en la práctica prohibir a partir de 2025 la comercialización de vehículos con motor diésel y, a partir de 2035, la de cualquier vehículo de combustión, ya sea diésel, gasolina o híbrido. Pero prohibir la venta no significa, a diferencia del plan que había presentado el Gobierno de Pedro Sánchez a nivel nacional, que se prohíba la circulación a partir de esas fechas. La ley señala que se prohíbe la venta, pero no la circulación, por lo que los vehículos ya matriculados en las islas podrán seguir haciéndolo después de 2025 y 2035 ya sean sean diésel o gasolina.
Por ello, la fecha establecida por el Gobierno balear para lograr que en 2050 todos los coches sean eléctricos no llegaría vía prohibición, como sí contempla la propuesta del Gobierno español de prohibir la circulación a partir de 2050, sino prevé que, en esa fecha, los últimos coches diésel vendidos tendrán ya 15 años y los gasolina 25, por lo que entiende que será el fin de su vida útil la que marque el fin de su utilización. Quien quiera seguir utilizando sus “antiguos” coches de combustión podrán seguir haciéndolo. Limita, eso sí, el acceso a las islas a partir de 2025 a cualquier vehículo diésel, incluso a turistas que quieran ir con sus propios coches sólo podrán hacerlo si son eléctricos.
Tampoco se prohíbe la venta de este tipo de coches de segunda mano dentro de la isla y entre residentes a partir de las fechas señaladas, siempre que estén matriculados en Baleares. Si alguien compra fuera de las islas un coche diésel de segunda mano en 2025 o gasolina en 2035, no podrá traerlo.
Muchas críticas
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ya ha avisado de los efectos negativos de esta Ley e incluso desde el PP balear se ha criticado la medida calificándola de prohibitiva e impositiva y anunciando que de ganar las elecciones y llegar al gobierno tumbarían de inmediato el veto al diésel.
Por su parte, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha advertido de que más de 300.000 personas que se desplazan al año a Baleares con su coche se verán afectadas por esta Ley. Desde la patronal denuncian que su aprobación genera una situación inédita en Europa al ser la primera norma con rango de Ley que establece prohibiciones a una tecnología siendo por ello discriminatorio.
También la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha realizado unas duras declaraciones sobre este tema. Su presidente, Gerardo Pérez, ha asegurado que esta Ley es un auténtico despropósito y considera que es muy probable que no sea legal. También ha señalado que esta Ley va contra la industria española y solicita que haya un plan nacional que racionalice este debate de la nueva movilidad ya que medidas como esta no hacen sino paralizar las ventas de vehículos.
Para el Gobierno balear, los objetivos que fija la Ley son “asumibles y ambiciosos”. Dentro de los planes que se llevarán a cabo, esta Ley de Cambio Climático propone disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025. Además, introduce cambios en las empresas de alquiler de vehículos, un sector que deberá funcionar con una flota completamente eléctrica para 2035.
A todo esto, la controvertida Ley podría no llegar a entrar en vigor y será la Comisión Europea quien tenga que pronunciarse tras los recursos interpuestos por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), todo ello además con las presiones de los diferentes ‘lobbies’ que presionan para que esta Ley no llegue a ponerse en marcha en 2025. Fabricantes, alquiladoras, petroleras… muchos intereses en juego y, sobre todo, el miedo a que de llevarse a efecto pueda luego ir extendiéndose hacia otras comunidades autónomas e incluso a otros países europeos.
