Hace poco menos de una semana, el PP ha presentado en el Senado una enmienda para que los Presupuestos Generales del Estado destinen cinco millones de euros a compensar a los autores por la copia privada de sus obras, después de que el Gobierno suprimiera el pasado diciembre el controvertido canon digital. Por ley el canon digital tenía un máximo de 115 millones de euros de recaudación. La bajada es muy marcada.

Tras finalizar el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos en la Cámara Baja, el portavoz en la Comisión de Presupuestos del Partido Popular, Francisco Utrera, ha detallado esta iniciativa, que ya fue anunciada por el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, pero sin precisar la cuantía.De esta forma, el PP cifra en cinco millones de euros la partida con la que compensar a los autores.

Esta cuantía destinada a la compensación se obtiene del capítulo del Fondo de Contingencia, destinado a atender las necesidades de los departamentos ministeriales que puedan surgir durante el ejercicio, según figura en el texto de dicha enmienda.

Por su parte, el PSOE cifra esa cantidad en 40 millones, ocho veces la estimación popular, el equivalente al presupuesto de instituciones como el Museo Reina Sofía o el Prado.

De momento, las ocho entidades responsables de la gestión de los derechos de autor permanecen al margen del debate. Al ser contactadas por Vozpópuli, ninguna de ellas, ni siquiera la SGAE ni Cedro, han querido emitir opiniones sobre para lo qie ellos es una propuesta. Nada aún es oficial y sin embargo, el tiempo sigue corriendo.

El canon, el sistema de compensación a los autores vía presupuestaria , es una medida transitoria hasta que el Gobierno reforme la legislación al respecto. Vituperado por muchos y visto como un elemento restrictivo, de interés estructamente recaudatorio que paenaliza al usuario, el canon fue establecido en España en 1987 para compensar a los autores por la copia de sus obras realizada por particulares, y su aplicación enfrentó en los últimos años a las entidades de gestión con el sector de la industria de las nuevas tecnologías y las asociaciones de internautas.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaron el pasado año sendas sentencias en contra de la aplicación de este gravamen.