La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por el Congreso de los Diputados con 172 votos a favor y 144 hace ya dos años tenía como una de sus medidas más criticadas mantener el pago de la compensación por copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que tras la sentencia negativa del Tribunal de la UE se ve finalmente interrumpida con la decisión La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que este viernes  acordado declarar "nulo" e "inaplicable" en su conjunto el real decreto 1657/2012, que contempla el llamado Canon por copia privada.

Es importante aclarar, primero, hasta dónde llega la definición de copia privada y qué ampara:  básicamente las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores. Eso incluye el soporte digital de determinados  materiales, que antes debían pagar los usuarios.  Cuando se implementó, se convirtió en  la medida más criticada del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero también del PP que gobernó con Mariano Rajoy y mantuvo la figura. No hubo entidad de derechos que no fuera en su contra, por una razón u otra. En el caso de los socialistas porque cargaba duramente con una tasa a los usuarios y con los populares porque sumaba aquella cuenta al erario público. Ahora, lo cierto, es que ninguno de los dos paga.  El Canon por copia privada ha sido el gran tema pendiente de la legislatura  en temas de Propiedad Intelectual, uno de los muchos frentes abiertos que debe afrontar el PP- ¿Qué consecuencias reales tiene esto? Muchas: desde el punto de vista legal y económico. Aquí, las cinco más importantes.

• Modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho a la copia privada establece que cualquier persona puede tener copias de contenidos protegidos por derechos de autor (películas, música, libros) para su uso personal. A cambio, los titulares de la propiedad intelectual de esos contenidos tienen derecho a una compensación económica, como establece la legislación europea. Hasta diciembre de 2012, esta cantidad se obtenía mediante una tasa a todos los soportes (DVDs vírgenes, discos duros, teléfonos móviles, ordenadores) susceptibles de almacenar este tipo de contenidos. Primero con un decreto y luego con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual acometida por los populares, se fijó que la forma de compensación por copia privada dejaría de ser pagada por los particulares, para ser sufragada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta sentencia definitiva obliga a corregir le legislación y el reglamento.  
• El Estado tendrá que pagar por daños patrimoniales. Y Durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, la recaudación por canon digital aumentó desde 83 a 115 millones de euros. Tras la modificación de los populares a través de un real Decreto, esa cantidad se redujo a 8,6, hasta fijarse en los cinco millones de los tres últimos ejercicios. No tardaron en llevarse las manos a la cabeza las principales agencias de Gestión de Derechos de Autor, que elevaron hasta el Tribunal Supremo la reclamación del pago del importe. La medida abre la puerta para que sean admitidas las demandas de pago de las entidades de gestión de derechos. En 2012, SGAE, Egeda , AIE, Agedo, DAMA, Aisge, Cedro y Vegap ya reclamaban cerca de 100 millones de euros por prejuicio patrimonial. Esa cantidad, en la actualidad, podría ser de entre 80 y 100 millones de euros anuales, lo que sumaría un total de entre 320 y 400 millones de euros.
• Replantear la divulgación educativa.  La Federación Internacional de Entidades de Gestión de Derechos de Reproducción solicitó al Ejecutivo de Mariano Rajoy que contemplara las  “fórmulas legales y presupuestarias” necesarias para que las instituciones responsables de las enseñanzas regladas no universitarias obtuviesen una licencia que les permitiese reproducir legalmente libros y otras publicaciones para el uso de profesores y alumnos. Sin el canon, queda abierta la vía para resolver una piedra de tranca que ha obstaculizado la forma legal de difundir conocimiento.
• Pagar a los creadores españoles y europeos. Tanto  la entidad de  Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales(EGEDA), de Derechos de Autos de Medios Audiovisuales (DAMA) y de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) exigieron, desde el comienzo, que fuese el usuario de la copia privada que pagara  compensación. La principal crítica de la medida del PP consistía en el hecho de que el cargo a los presupuestos no establecía un criterio objetivo de cálculo del perjuicio causado por las copias privadas, de modo que resultaba imposible llegar a una compensación "equitativa", tal y como ordena la directiva europea. Toca entonces restablecer los mecanismos de colaboración adecuados para que los autores, españoles y de otros países, sean remunerados por el préstamo público de sus obras de acuerdo con la legislación de la Unión Europea –que tiene la facultad de fijar una tasa-, y que España cuente con los medios adecuados para luchar contra la piratería en Internet.
• ¿La dimisión de su impulsor? El secretario de Estado de Cultura José María Lassalle fue uno de los protavoces y responsables de la medida del Canon Digital. El secretario de Estado fue de los primeros en defender la medida, al aducir que era necesario defender el  derecho del acceso a la cultura. La vía para  garantizarlo era compensar a los creadores a través de los Presupuestos por las copias privadas de uso autorizado que hace cada ciudadano. Junto a la sustitución del canon digital por esta fórmula de compensaciones a los artistas, el Gobierno de Mariano Rajoy también aprobó el reglamento de la ley Sinde y acometió una polémica reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Resulta curioso que Lassalle –quien se volcó en el tema de Propiedad Intelectual en la Comisión de Cultura- no hubiese previsto ni asumido el varapalo que estaba por caer sobre el gobierno de España con esta medida. Hay entidades de gestión y determinados gremios de creadores re reclaman una responsabilidad política que apunta directamente en su contra.