Rascacielos que no se construyeron jamás y por cuyo proyecto se pagaron 15 millones de euros; el sobrecoste y desprendimientos de la estructura del Palacio de las Artes; las goteras del Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias; los negocios de la mafia china de Gao Ping con el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)… Todo en menos de 20 años y en la misma comunidad autónoma: Valencia.
La Operación Taula, que investiga una trama de comisiones en las empresas públicas de administraciones gobernadas por el PP valenciano, añade un caso más a la larga lista de delitos de corrupción y gestión fraudulenta , que llega incluso al área cultura. María José Alcón, exconcejala de Cultura de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá, ha quedado incluida en la veintena de imputados, ya que no sólo cobraba comisiones sino que amañaba la concesión de contratos a determinadas instituciones.
El asunto sale a la luz ocho días después de la imputación de Consuelo Císcar, exdirectora del IVAM, así como de cuatro ex subdirectores del museo y un empresario, por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación. Parece que por cada trama o gestión corrupta queda una institución quebrada, fallida o desaparecida. Entre el despropósito y el fraude, Valencia se vendió como la más cosmopolita: una Bienal de arte que tuvo cerrar sus puertas por deudas en 2007; la mostra de cine de Valencia, referente fílmico, también echó el cierre en 2011 tras 36 ediciones, aunque intenta ahora retomar sus actividades. En lugar de 'cerrado por derribo', algunas instituciones podrían exhibir en su puerta 'cerrado por corrupción'. He aquí un repaso de los cinco casos más sonados.
- El IVAM, sobreprecio de 1500 por ciento. El pasado 20 de enero el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia alzó el secreto de sumario de la investigación sobre la exdirectora del IVAM, Consuelo Ciscar y su personal más cercano: cuatro ex subdirectores del museo y un empresario. A todos se les impunta por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación entre 2004 y 2014. No es la primera vez que el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) está en el ojo del huracán por su gestión, los avisos venían de lejos. Ya en 2013 los grupos de la oposición denunciaron "irregularidades" en el proceso de compra de 61 obras de arte a Gao Ping, cabecilla de la trama de blanqueo de capitales desarticulada en la denominada 'Operación Emperador'. A esto se el sobreprecio en la compra de muchas piezas de arte, como el que demuestra el informe de Intervención General, organismo dependiente de la Generalitat, que detectó diferencias de hasta un 1.500 por cien entre el precio que el museo pagó por alguna obra y su valor real de mercado. Ciscar –a quien han pedido que renuncie a la dirección honorífica del IVAM- es esposa de Rafael Blasco, el exconsejero de la Generalitat que cumple pena por malversar fondos destinados a la ayuda al desarrollo. Además de Ciscar, se investiga a los responsables de las áreas de Administración y Finanzas, Gestión Interna, Publicaciones y Técnico Artística. La magistrada Nuria Soler Enrique ha imputado también a un empresario y amigo personal de la exdirectora por indicios de delito en para servicios de viaje, logística, además de la adjudicación directa y sin concurso público de empresas muy concretas para la publicación de catálogos y publicaciones. Uno de los casos incluye la impresión de más de 2.750 catálogos razonados de Julio González de los que finalmente solo se vendieron 22.
- María José Falcón: comisiones y negocios con dinero público. La ex concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón ha sido detenida en el marco de la Operación Taula. Alcón, que fue una de las ediles de Barberá mientras Alfonso Rus estuvo al frente del PP valenciano, ya fue investigada por el supuesto cobro de comisiones entre los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia. En este caso, aparecen también prácticas fraudulentas en la adjudicación de contratos en el espacio cultural La Rambleta a la empresa Bulevar del Arte y la Cultura –que además ejecutó cambios accionariales-. A eso se suma un elemento adicional: tras la privatización del espacio, el Ayuntamiento tuvo que pagar un canon de 2.2 millones de euros. A cambio de la construcción y gestión del centro el ayuntamiento pagará un canon de 2,2 millones de euros al año. El centro cultural forma parte de la gestión de alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien puso la primera piedra del edificio. El proyecto originalmente presentado incluía un teatro-auditorio, un aparcamiento de 500 plazas, biblioteca y sala de exposiciones.
- CAC: goteras, desprendimientos, rascacielos que nunca se construyeron… La ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá y el ex presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps presentaron en 2004 el proyecto para construir tres rascacielos en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El proyecto estaba valorado en unos 450 millones de euros. Según información desvelada por la Fiscalía el año pasado, se solicitó al arquitecto Santiago Calatrava el diseño del proyecto: 15 millones por generar los bocetos de cuatro edificios que jamás llegaron a construirse. A eso se suman otros aspectos, que no llegaron a ser calificados como delito, como por ejemplo el sobreprecio del Ágora, un edifico que pasó de costar 40 millones de euros hasta los 100 millones y que, tras ser inaugurado en 2009, apenas alojó un evento de cierta significación: el Open 500 de Tenis de Valencia. Inaugurada a toda prisa, la construcción de Calatrava muestra goteras y desprendimientos, lo cual hace imposible su aprovechamiento para cualquier clase de evento.
- El Plan del Cabanyal era un expolio. En 1997 el Ayuntamiento de Valencia, con Rita Barberá a la cabeza, anunció el Plan del barrio el Cabanyal, con el que se proponía la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, aunque eso implicaba la modificación de una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) así como la demolición más de 1.600 viviendas. Entre las muchas instituciones que se pronunciaron estuvo el Tribunal Supremo (TS) con una sentencia que se refirió a este como un caso “de expoliación del patrimonio cultural" y desestimó el recurso que interpuso la Generalitat Valenciana contra la orden dictada por el Ministerio de Cultura en 2009 -encabezada por González-Sinde en la época socialista- que paralizaba el plan por considerar que existía expolio. Este Plan, personalizado en la figura de Barberá, no paró de generar enfrentamientos desde que había sido propuesto 17 años atrás. Finalmente, en 2015 y tras la derrota popular, el nuevo Ayuntamiento presidido por Joan Ribó, de Compromís, derogó el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (Pepri) en una junta de gobierno. Se decidió archivar el proyecto y aprobar unas normas urbanísticas transitorias hasta que se elabore un nuevo plan para el barrio marinero.
- Palau de Les Arts. Costó 367,55 millones de euros, cuatro veces más que los 84 millones originalmente previstos. Ha sufrido inundaciones y desprendimientos del trencadís, que ha sido retirado y en estos momentos se está reponiendo tras invertir 3 millones adicionales de euros. La reciente detención e imputación de la intendente del Palau de Les Arts, Helga Schmidt, por presunto cobro ilegal de comisiones se suma entonces al cúmulo de sobrecostes, obras fallidas y proyectos fantasma.
