El presidente de Patrimonio Nacional José Rodríguez-Spiteri ha tenido “una enorme paciencia” con el Museo del Prado; o así dice él. Sin embargo, parece que se le está acabando, al menos a juzgar por las duras declaraciones que dio este martes al diario El País. ¿El motivo? Pues el mismo de hace unos meses. La petición de devolución cursada por Patrimonio Nacional a la pinacoteca que dirige Miguel Zugaza y que pretende que cuatro obras de El Bosco, Van der Weyden y Tintoretto salgan del Prado para formar parte del museo de Colecciones Reales, que será inaugurado en 2016.
“La ley está por encima de lo que el señor Zugaza o yo podamos querer”, afirmó José Rodríguez-Spiteri a la periodista Ángeles García. Normal que después de ese trallazo ni el Prado ni Patrimonio Nacional hicieran valoraciones al respecto. En esta reclamación –que comenzó en junio del año pasado con una carta enviada por Spiteri a Zugaza- hasta la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría (el Consejo de Administración de PN depende de Moncloa) ha fijado posición. Muy clara, por cierto: los cuadros no se mueven. Y punto.
¿Qué hay detrás de este asunto? ¿Existen antecedentes? ¿Qué dice la ley al respecto? Para hacer un recuento en firme de lo ocurrido hay que comenzar haciendo un repaso. La manzana de la discordia entre Patrimonio y el Prado está representada en cuatro obras maestras cuya salida desdibujaría de manera significativa la colección: El jardín de las delicias y La mesa de los siete pecados capitales, del Bosco, El descendimiento de la cruz, de Van der Weyden, y El lavatorio, de Tintoretto. Las obras permanecen en el museo desde 1936, después de que la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico del Gobierno de la República las trasladara hasta allí para protegerlas durante la Guerra Civil.
Siete años más tarde, un decreto de 1943 certificó la permanencia de los cuadros en el Prado mediante la figura jurídica de un depósito temporal. Así se mantuvieron hasta 1982, cuando el reglamento de la Ley reguladora de Patrimonio Nacional estableciera en los artículos 39 al 42 todo lo relativo a la a constitución de depósitos de bienes muebles del Patrimonio Nacional, así como la necesidad de una regularización. Fue a partir de allí cuando se estableció que los depósitos debían renovarse cada dos años
La regularización entre el Museo del Prado y Patrimonio ocurrió en 1998, a través de un documento en el que se citaban las cuatro obras ya mencionadas, además de otras 24 que el Prado cedía a Patrimonio para las estancias de los Reales Sitios. En ese mismo documento ambas instituciones se comprometían a renovar la regularización, prevista para finales del año pasado. Ésta, sin embargo, no se produjo. Y fue a partir de allí cuando Patrimonio comenzó a presionar. Tanto Miguel Zugaza, director del Prado, como José pedro Pérez-Llorca, presidente del patronato, han tratado el asunto someramente. Los pronunciamientos en general han sido pocos y elusivos, a pesar de la insistencia de Rodríguez-Spiteri en cumplir lo contemplado
¿Qué ocurrió cuando el Prado quiso recuperar el Guernica?
En 2010 el Museo del Prado propuso la recuperar el Guernica, obra emblemática del museo Reina Sofía y alrededor de la cual gira su colección. En aquellos días Zugaza, el director de la pinacoteca, insistió en que el lugar donde debía estar el cuadro de Picasso era el Prado. El patronato del Reina se negó en pleno.
Zugaza insistió una y otra vez en su propuesta de recuperar el cuadro. Aseguró que se trataba de un proyecto de colaboración entre dos museos. No sería el Prado el que arrebata al Reina Sofía su obra icónica, sino que sería el propio Reina Sofía, como parte integrante de esa fundación, el que decidiría trasladar de sede el cuadro. Sin embargo, el asunto no prosperó. El entonces ministerio de Cultura, ocupado por Ángeles González Sinde, rechazó el proyecto.
Ya en una ocasión, cuando el PNV solicitó que el lienzo inspirado en los bombardeos de la aviación alemana en 1937 contra la villa vizcaína, se desestimó. En aquel entonces, el director del Guggenheim Juan Ignacio Vidarte dijo que, más que razones legales o de conservación, había un problema de voluntad política.
