La dimisión del –hasta este jueves– presidente de la SGAE, José Luis Acosta, suma un revés más a una institución que no levanta cabeza desde que se destapara, en 2011, el escándalo de apropiación indebida, falsificación de documentos y desvío de fondos liderada por Eduardo Bautista, que había ocupado la presidencia del organismo desde 1995 y trabajado en la entidad durante 34 años. De ahí en adelante, nada ha ido bien: las apretadas elecciones de una institución que en 2012 intentaba lavar su imagen, seguidas de la expulsión de Antón Reixa en verano de 2013; el rechazo –en dos ocasiones– de las cuentas y la convocatoria de elecciones anticipadas para 2015 –las segundas en menos de tres años–. ¿Qué no funciona en la SGAE? Pues nada.
Desde la Operación Saga, en 2011, la SGAE ha visto pasar tres presidentes en menos de cinco años, el último José Luis Acosta
Aunque Acosta alude temas de conciliación, la verdad es que no las tenía todas consigo. Señalado por la Junta Directiva en dos ocasiones a causa de unas cuentas poco claras, tuvo que enfrentar la petición de limitación de algunas atribuciones. En principio, la gestión de Acosta debía militarse solo a labores administrativas ordinarias y no a tomar decisiones, específicamente aquellas referidas a la desinversión de la red de teatros Artea –proyecto puesto en marcha por Teddy Bautista y del que faltaban por liquidar algunas propiedades- y la recolocación de las franjas para ajustar las tarifas de derechos de autor para las televisiones, un punto especialmente sensible y delicado.
De cara a los medios, tal y como aclaró José Luis Acosta en declaraciones a la Agencia Efe este jueves, su dimisión ante el Consejo de Dirección de esa entidad tenía una razón: la incapacidad de de compatibilizar su vida profesional como guionista y productor con el cargo de director de una de las principales entidades de derecho de autor. El asunto es mucho más grave. No son los presidentes de la SGAE, sino la propia institución. Desde hace al menos cinco años, la ciudadanía no comprende porqué la SGAE experimenta tantos reveses si, en teoría, la institución procuraba un saneamiento. Sin embargo, la divulgación de todo cuanto ocurría en su interior, en lugar de propiciar un cambio, lo complicó todavía más.
No son los presidentes de la SGAE, sino la propia institución. La dimisión de Acosta tiene su explicación en fallas estructurales
El 1 de julio de 2011 la Guardia Civil entró en la sede de la SGAE por orden de la justicia y cinco años después, la ciudadanía no llega a comprender qué pasó realmente. La cuesta abajo se pronuncia, cada vez más: la actitud pasiva del Ministerio de Cultura, que se ha mantenido al margen; la eliminación del canon por copia privada (España es el único país de Europa que no lo cobra), y la falta de una legislación que quite prerrogativas a la SGAE y la somete a la fiscalización de la normativa europea. Nada de cuanto ha ocurrido obedece al azar, al contrario. Se trata de problemas de base.
- Descrédito continuado. El enjuiciamiento e investigación a Teddy Bautista, presidente de la entidad, por delitos de apropiación indebida, falsificación de documentos y desvío de fondos fue un duro golpe contra la credibilidad de una entidad a la que no le tembló el pulso para cobrar derechos de autor hasta a los organizadores de eventos de beneficencia. Una vez que se eligió a Antón Reixa –cuando se suponía que todo marchaba rumbo a la transparencia- la destitución del gallego a manos de la misma junta directiva que lo apoyaba, en lugar de mejorar la imagen de la SGAE, la empeoró. La polémica de José Luis Acosta y las cuentas doblemente rechazadas han puesto la guinda en un pastel que se derrite bajo una lámpara.
- Error estructural. Bajo el paraguas de la SGAE se cobijan los derechos de músicos, compositores, autores dramáticos, letristas, arreglistas, guionistas de cine, televisión y radio, autores de bandas sonoras, directores cinematográficos, realizadores audiovisuales, etc. Para ordenar este amplio universo, los socios en la SGAE se agrupan en el Colegio de Gran Derecho, Colegio de Pequeño Derecho, Colegio Audiovisual y Colegio de Editores Musicales. Una mezcla para algunos demasiado amplia y heterogénea que ha generado lobbies y presiones, como ocurre con los editores, es decir, las trasnacionales agrupadas todas en un mismo bloque. Según datos del informe de gestión de 2012, de los 106.000 socios, 97.081 son autores, 2.082 editores musicales y 7.579 herederos y sin embargo son los editores quienes han tendido a imponerse. Aunque existía desde finales del siglo XIX, en 1995 la SGAE se refunda Sociedad General de Autores y Editores. Actualmente representa a más de 100.000 socios y gestiona un repertorio de más de cinco millones de obras registradas.
- Menos ingresos, más atajos. Tras la eliminación del canon por copia privada por el actual Gobierno del Partido Popular, la mayor fuente de ingresos de la SGAE proviene de lo que pagan las televisoras y las radios. Suponen cerca del 50% de los ingresos. Esto ha generado, especialmente tras la salida de Teddy Bautista, el uso de esos ingresos como unas de las pocas vías de financiación, de ahí a que tienda a beneficiarse a quienes más poder económico detentan. Ya la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) advirtió que en la SGAE cerca de 600 titulares concentraban el 75% de todo lo repartido.
- Falta de fiscalización. Desde la llamada Operación Saga, se hizo evidente que las entidades de gestión de derecho de autor debían estar fiscalizadas por otros organismos. José Ignacio Wert compartía esa idea, y la comunicó varias veces al momento de asumir el cargo. La SGAE ejerce un papel excesivo en atribuciones y cobranzas por derechos frente a otras entidades de gestión en países como Alemania o Francia, por lo que acoplar el ejercicio de ésta y otras entidades –la SGAE no es la única, en España hay ocho- a una normativa europea haría mucho más transparente su ejercicio.
- ¿Hay que separar la SGAE para sanearla? La pregunta de fondo está en el hecho de porqué la SGAE debe reunir y monopolizar el control de derechos de autor, cuando éste podría repartirse entre otras entidades. A eso se suma la estructura interna del organismo y los mecanismos que tienden a la concentración de poder de unos colectivos de autores sobre otros. Algunos expertos y miembros de la entidad aseguran que la mejor forma de garantizar y hacer más eficaz la gestión de los derechos, pasa por separar y dividir la SGAE en organismos distintos para cada colectivo, como ya ocurrió en Francia.
