El pasado jueves se confirmó una noticia cultural catastrófica: la cancelación de Madrid Puro Reggaetón, festival donde iba a despedirse el pionero del género Daddy Yankee, rodeado de alguna de las mayores estrellas de la música urbana. Al menos 35.000 personas con entrada vieron arruinada una noche histórica. ¿De quién fue la culpa? Los promotores acusan de falta de flexibilidad de la Comunidad de Madrid, mientras que las administraciones y una gran parte del público señalan a la organización del festival por falta de profesionalidad y por no satisfacer los protocolos de seguridad. Con todos los comunicados en la mano, parece evidente que hubo improvisación e incumplimientos relevantes por parte de la empresa promotora, pero no debemos de olvidar que por cada cancelación de un gran evento (sea culpa de quien sea) repercute de manera negativa en el prestigio y el estatus cultural de Madrid.
No se trata de un caso aislado. Hace pocas semanas, también se cancelaba el Fan Fan Fest en circunstancias poco claras, con Ifema señalando a la promotora por la falta de un seguro y estos respondiendo que el problema venía de una petición poco justificada de última hora y con tintes de clasismo, tal y como explicaba Mario Cortijo en su pieza de investigación para Vozpópuli. Poco después, el recital de Marc Anthony confirmaba que Ifema todavía es un espacio que presenta muchas dudas para albergar música en directo, especialmente por la dificultad de accesos. Este extremo quedó claro con el desastre del Mad Cool 2018 y también por la guerra de los Uber que se ha desatado en la última edición con facturas de hasta 138 euros por un viaje desde Ifema a Tetuán.
Isabel Díaz Ayuso ha triunfado al presentar a Madrid como un modelo de dinamismo cultural, especializado en grandes acontecimientos, que brilla en contraste con la decadencia cultural de Barcelona. También ha prometido una segunda movida, que no solo se basará en la música y otras manifestaciones culturales sino que se extenderá al deporte y a las empresas. Músicos tan relevantes como Andrés Calamaro se han visto reconocidos en su proyecto y lo han celebrado públicamente. El problema es que los desastres de este verano empiezan a mostrar grietas: no solo los que hemos mencionado, sino también el traslado de última hora del festival Boombastic de La Caja Mágica a Rivas Vaciamadrid, rebajando diez mil abonos a mitad de precio, ante el mosqueo de muchos fans que pagaron el montante completo. El público necesita un modelo más sólido, que impida tantos cambios que siempre perjudican a los fans, a quienes poco importa que la culpa sea de unos o de otros. Si tantos promotores incumplen las reglas, habrá que explicárselas mejor, o bien modificarlas, o directamente dejar de ceder espacios a quienes reincidan en los incumplimientos. Lo que está claro es que algo debe cambiar.
Festivales cancelados en otros puntos de España
Por supuesto, todo esto no ocurre solo en Madrid. Hace pocos días, la organización del festival Diversity de Valencia decidió suspender a menos de diez días de su celebración. Hablamos de una cita de primera categoría, que reunía grandes estrellas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias: nada menos que a Christina Aguilera, Iggy Pop, Martin Garrix, Ozuna y Karol G., entre otros superventas. Las razones de la cancelación no han sido explicadas con claridad y -como es habitual- no se devolverá el dinero de los gastos ocasionados por quienes ya habían pagado transporte y alojamientos. Cada vez que ocurre uno de estos casos, el público pierde un poco las ganas de ver música en directo y la fe en los profesionales del sector.
Dos años de pandemia eran la oportunidad ideal para que la industria de la música reflexionase sobre su sentido y obligaciones, pero pocos lo han hecho
Barcelona también ha tenido sus desajustes este verano, sobre todo la cercanía a la anulación del Barcelona Beach Festival a menos de veinticuatro horas de su apertura. La cita proponía una noche de electrónica en Sant Adriá del Besós con estrellas electrónicas como Armin Van Buuren, Marshmello y Brian Cross, entre otros. Según explicó el consistorio en un comunicado, la empresa promotora de la cita, Live Nation, presentó fuera de plazo la documentación necesaria para solicitar el informe perceptivo y vinculante, el 22 de junio, cuando debería haberse pedido como máximo el 10 de junio. Live Nation respondió con una querella contra la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, pero finalmente la cita se llevó a cabo. Está claro que los protocolos municipales deberían certificar las cancelaciones en cuanto no se cumplen los plazos, que suelen ser entre veinte días y un mes, lo que evitaría sorpresas de ultimísima hora. Eso sería cuidar la vertiente cultural de la Marca España.
Dos años de pandemia, restricciones y confinamiento eran la oportunidad perfecta para que la industria de la música reflexionase sobre su modelo de negocio. Unos pocos lo han hecho, por ejemplo el festival Paraíso de Madrid que apostó por reducir su aforo para mejorar la experiencia de los asistentes. Otros no han pensado más que en los beneficios, que es el caso del Primavera Sound con una primera jornada desastrosa con colas de una hora en las barras y aglomeraciones inquietantes en los escenarios grandes. En 2023 se celebrará en Arganda del Rey (Madrid) y es legítimo temer que se repitan los problemas de masificación y que se produzcan abusos en los precios del transporte, como ha ocurrido con Mad Cool. Aunque Facua lleva años reclamando y denunciando las iregularidades de los festivales, se ha avanzado poco en este campo, en gran parte porque el público no tiene manera efectiva de defender sus derechos (Facua está intentando que se puedan reclamar daños y perjuicios del festival cancelado con Daddy Yankee). El problema de ninguneo al público lo explica bien un dicho estadounidense del mundo de los negocios: “Si no estás sentado en la mesa, eres parte del menú”.
