Polémica en el Reino Unido por una de las primeras decisiones del gobierno Laborista, que ha paralizado la Ley de Educación Superior, diseñada para mitigar la cultura de la cancelación en los campus del Reino Unido. Se intentaba, sobre todo, poder tener un debate abierto sobre políticas trans y la situación en Palestina e Israel, pero el nuevo gobierno progresista ha congelado el proyecto. Alegando que garantizar la libertad de expresión en los campus puede abrir la puerta a conferencias y mesas de debate de los negacionistas del Holocausto, algo que consideran una falta de protección a los estudiantes judíos. ¿Se trata de una preocupación legítima o excusa para abandonar la lucha contra la Cultura de la cancelación?

El debate, bastante acalorado, se comprende mejor escuchando los testimonios de quienes han visto afectada su libertad de expresión en los campus británicos. Uno de los casos más citados es el de la profesora Jo Phoenix, criminóloga que ha sufrido diversos boicots y actos de intimidación. A principios de este año, un tribunal laboral dictaminó que la Open University no había protegido a la profesora Phoenix de una campaña de acoso por parte de otros académicos después de que ella expresara su preocupación por la autoidentificación de las personas trans. Así narra su caso: “Para mí, esto comenzó en 2019 como orador invitado en la Universidad de Essex; me cancelaron por ser transfóbico. Mi evento fue cancelado el día que debía dar una charla porque los estudiantes amenazaban con protestar. Con la nueva ley, que fue archivada, habría tenido derecho a presentar una denuncia contra la universidad; eso es una gran pérdida. El Gobierno sigue llamándolo guerra cultural y cada vez que veo que una parte de mí muere. No es una guerra cultural. Las universidades tienen un problema con la intimidación y el acoso de personas que no están de acuerdo con determinadas opiniones políticas”, explica.

Helen Joyce, directora de promoción de la organización benéfica Sex Matters, dijo que archivar la legislación tendrá un efecto paralizante no sólo en los académicos sino también en los estudiantes y oradores cuyas opiniones no son populares en el campus. "Como sé personalmente, las personas que defienden los derechos de las mujeres y contra la ideología de género son rutinariamente acosadas y amenazadas. He experimentado estudiantes gritando para que mis palabras fueran inaudibles mientras hablo, y presionando a los administradores de la universidad para que me retiraran la invitación, a veces con éxito. A pesar de afirmar que se preocupa por la libertad de expresión, el Gobierno eliminó protecciones muy necesarias para las personas que insisten en decir verdades pasadas de moda: en mi caso, que hay dos sexos y que reconocer ese hecho es importante para los derechos de las mujeres”, defiende.

Boicots de izquierda y derecha

El caso recuerda a la campaña dentro y fuera de la universidad contra los profesores Marino y Errasti, autores del ensayo Nadie nace en un cuerpo equivocado, cancelados en ambientes académicos españoles y luego llamados por la Asamblea Nacional francesa como expertos a los que escuchar antes de elaborar la Ley Trans del país vecino. La cultura de la cancelación y los escarches también afectan a los académicos de izquierda, como comprobó en octubre de 2022 la fundadora de la teoría queer, Judith Butler. Durante una visita a la universidad Complutense de Madrid, fue recibida con pintadas de color morado que decían “Butler antifeminista”, “Butler non grata”, “Fuera teorías acientíficas de la universidad” y “Teoría queer es misoginia”. En Brasil, Butler tuvo que ser escoltada ante una concentración masiva en la que la acusaban de “corruptora de niños” y “bruja”.

“Me parece escandaloso que sea todavía necesario debatir sobre esto dos siglos después de que Voltaire defendiera el derecho a la libre expresión de ideas que él mismo detestaba”, expuso Chomsky

Apenas unos días antes de su entrada en vigor, la secretaria de Educación laborista Bridget Phillipson dijo que había decidido “detener la aplicación de la Ley de Educación Superior (Libertad de Expresión) de 2023, para considerar opciones, incluida su derogación”. Phillipson dijo que la legislación no resulta adecuada para el propósito y corría el riesgo de imponer cargas pesadas a las instituciones. “Durante demasiado tiempo, las universidades han sido un campo de batalla político y tratadas con desprecio, en lugar de ser un bien público, lo que distrae a las personas de los problemas centrales que enfrentan”. Añadió que el gobierno sigue “absolutamente comprometido” con la libertad de expresión y la libertad académica. “Esta legislación podría exponer a los estudiantes a daños y discursos de odio atroces en los campus”, agregó, aludiendo al negacionista del Holocausto.

Respecto a la protección o desprotección a los estudiantes judíos, cabe recordar el antecedente del caso Faurisson, el profesor francés que a finales de los 70 publicó unos cuadernos con sus tesis negacionistas del Holocausto, colocando cómo prólogo (sin pagar y sin permiso) un artículo del intelectual judío Noam Chomsky, donde este defendía la libertad de expresión y de cátedra en las universidades. Faurisson publicó además dos cartas en Le Monde afirmando que las cámaras de gas utilizadas por los nazis para exterminar a los judíos no existían. Chomsky fue acusado de colaborar con el negacionismo por no demandar a Robert Faurisson. “Me parece escandaloso que sea todavía necesario debatir sobre esto dos siglos después de que Voltaire defendiera el derecho a la libre expresión de ideas que él mismo detestaba”, expuso Chomsky años después del incidente.

La posición de Chomsky fue contundente, por ejemplo este fragmento de su texto Comentarios elementales sobre el derecho a la libertad de expresión, escrito al calor de escándalo: “Las conclusiones de Faurisson son diametralmente opuestas a mis puntos de vista, que he expresado en publicaciones (por ejemplo, en mi libro Paz en el Oriente Medio, donde describo el Holocausto como ‘la peor muestra de locura colectiva en la historia de la humanidad’). Pero es elemental que la libertad de expresión (incluyendo la libertad académica) no sea restringida a los puntos de vista que uno aprueba, y es precisamente en el caso de puntos de vista que son casi universalmente descartados o condenados que este derecho debe ser defendido con mayor fuerza. Resulta sencillo defender aquellos que no necesitan defensa o unirse a una condena unánime de la violación de los derechos civiles cometida por un oficial enemigo”, aporta en este artículo de la revista The Nation, publicado en 1981.

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