“Jodeos, miserables”. Así dio carpetazo Ramoncín a la investigación a la que se había visto sometido por un supuesto delito de apropiación indebida durante su gestión como directivo de la SGAE entre los años 2008 y 2011. Una sentencia de la Audiencia Nacional lo absolvió de cualquier cargo por falta de pruebas (Ramoncín había sido acusado junto con excargos de SGAE de sustraer 57.402 euros a la entidad). La Fiscalía quiso recurrir su absolución, pero decidió en febrero de este año abstenerse. Así que el asunto se dio por cerrado, con todo y gresca del cantante en su página de Facebook y algunas entrevistas que concedió a los medios para dar su versión de los hechos. “España es un país de miserables y envidiosos”, dijo.
Tan sólo este año se han resuelto cuatro casos más con resultado favorable para los ex directivos imputados de la SGAE. Hace una semana, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó la causa contra Juan Carlos 'Caco' Senante; el expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista y los exdirectivos Enrique Gómez Piñeiro y Ricardo Azcoaga de la comisión de delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta. Según el juzgado, no existían indicios "suficientes". Parece, de pronto, que nada ha ocurrido en la SGAE.
El pasado mes de junio el juez José de la Mata quiso sentar en el banquillo a Senante, Bautista, Piñeiro y Azcoaga por el supuesto desvío de 50.354 euros procedentes de la SGAE a una empresa del médico y a la adquisición de un timple, que los peritos judiciales valoraron en 3.000 euros y que fue adquirido por 20.000. En aquel auto, De la Mata fijó fianzas para los cuatro acusados que sumaban 288.788,78 euros en concepto de responsabilidad civil. Pero había más: la Fiscalía Anticorrupción había solicitado además dos años y medio de cárcel para cada uno de ellos. Sin embargo el sobreseimiento provisional de las actuaciones se impuso.
Los hechos se encuadran al momento en que Senante comenzó en octubre de 2010 a prestar tareas de representación de la SGAE en Canarias "sin habilitación, encomienda, ni mandato alguno formal" por parte de la entidad. De su gestión en esos años surgieron otras acusaciones y vistas judiciales. Tanto Senante como Teddy Bautista se enfrentaron a una investigación por amañar las elecciones celebradas el 30 de junio de 2011. Los directivos de aquella junta fueron acusados de pagar un total de 66.000 euros (2.200 euros más IVA por cada uno de los 30 miembros) para promocionar su candidatura, la CPAC. Ese mismo año, Caco Senante tuvo que prestar declaración en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el marco de la causa que investigaba el desvío de fondos desde la filial digital de la sociedad a través de una red de empresas controladas por el ex presidente de la SDAE José Luis Rodríguez Neri.
Todas aquellas causas cayeron como la peste sobre la SGAE, que comenzó a ser señalada en general como un organismo poco transparente, carcomido por las prácticas ilegales.
Todas aquellas causas cayeron como la peste sobre la SGAE, que comenzó a ser señalada en general como un organismo poco transparente, carcomido por las prácticas ilegales. Sin embargo, en cuestión de seis meses, el asunto se evaporó. Decisiones judiciales, dicen las personas consultadas ¿Qué ocurre dentro de la SGAE, que parece abocada a la demolición enlentecida? ¿Cuál es el motivo detrás del caos y el desgobierno? Polémicas, muchas. Desaciertos, bastante más. La mayoría por desacuerdos internos y sospechas de una gestión irregular, además de la larga sombra de la quiebra que planea sobre la institución: la SGAE pasó de tener un activo consolidado de 500 millones de euros a -8,5 millones antes de impuestos. En el medio, una larga sangría de dinero -las fundaciones de Autor y Arteria- y una lucha interna sin cuartel.
“La SGAE no es más que un reflejo de la sociedad. Hay conflictos mucho más políticos que de gestión, la primera junta después de Teddy Bautista se parece al primer Congreso en España, no hubo cohesión. Y todo lo que vemos es producto de una nueva etapa. Es una transición inevitable”, dijo en 2014 su actual presidente, José Miguel Fernández Sastrón. La pregunta de fondo está en el hecho de por qué la SGAE debe reunir y monopolizar el control de derechos de autor, cuando este podría repartirse entre otras entidades. A eso se suma la estructura interna del organismo y los mecanismos que tienden a la concentración de poder de unos colectivos de autores sobre otros. Ya la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) advirtió que en la SGAE cerca de 600 titulares concentraban el 75% de todo lo repartido.
“La SGAE no es más que un reflejo de la sociedad. Hay conflictos mucho más políticos que de gestión"
Aunque existía desde finales del siglo XIX, en 1995 la SGAE se refunda como Sociedad General de Autores y Editores. Actualmente representa a más de 100.000 socios y gestiona un repertorio de más de cinco millones de obras registradas. Bajo el paraguas de la SGAE se cobijan los derechos de músicos, compositores, autores dramáticos, letristas, arreglistas, guionistas de cine, televisión y radio, autores de bandas sonoras, directores cinematográficos, realizadores audiovisuales, etc… De momento, la SGAE no levanta cabeza. La poca transparencia y excesiva concentración de atribuciones la han convertido en un caja negra de la que no paran de salir irregularidades. La Ley de Propiedad Intelectual contempló la disminución del poder de las sociedades de gestión, que pasarían a estar más sujetas al control del Gobierno, algo que a no todos parece convencer. Sea como fuere, queda -cual llamado de atención- la abstención y sobreseimiento en línea. Asunto curioso cuando, de la mano del juez Ruz, la entidad parecía en el ojo del huracán.
