Los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza han incurrido en irregularidades e infracciones legales en las contrataciones realizadas durante los ejercicios de 2015 y 2016. Así lo ha señalado el Tribunal de Cuentas tras hallar varias infracciones legales tras revisar los informes de fiscalización de estas tres instituciones.
En en el caso de las tres entidades fiscalizadas, el informe destaca la existencia de determinados supuestos en los que se ha incurrido en infracción legal, y otros en los que, sin llegar a constituirla, se han apreciado carencias en materia de motivación, según ha informado hoy el Tribunal de Cuentas.
El informe recalca que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha adquirido diferentes obras de arte sin que haya elaborado una memoria o documento justificativo, contrataciones en las que no hay documentación sobre la tasación de las respectivas obras efectuada por una entidad profesional independiente.
En el caso del Thyssen las infracciones se extienden también a 2014, a partir del análisis de parte de los contratos formalizados en este período. Destaca además que los tres museos han incurrido en diversas irregularidades en relación al cumplimiento de las obligaciones formales de información al Tribunal de Cuentas sobre extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión.
El Tribunal de Cuentas ha puesto también de manifiesto que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, con carácter general, no ha elaborado una memoria acreditativa de la necesidad de la contratación. Mientras, sobre la determinación del presupuesto de licitación, en algunos casos tanto el Museo del Prado como el Reina Sofía no consta una justificación suficiente sobre el importe en que se cuantifica dicho presupuesto, o de la composición cualitativa del mismo.
También se han analizado los contratos de seguros, sobre los que se ha determinado que los tres museos no seleccionaron por sí mismos la correspondiente entidad aseguradora que iba a prestar la cobertura, sino que fue realizado por una mediadora sin que conste que se verificara la adecuación de las correspondientes sumas aseguradas.
La fiscalización ha identificado varios supuestos en los que la actuación del órgano de valoración de las ofertas ha adolecido de falta de transparencia; y, en otros casos, no consta que los correspondientes adjudicatarios acreditasen debidamente contar con la solvencia requerida en los pliegos.
