Hacía tiempo que los gobiernos francés y alemán presionaban para que la energía nuclear y el gas, respectivamente, fueran consideradas tecnologías verdes. La reciente propuesta de la Comisión Europea para incluir ambas en la taxonomía de inversiones sostenibles ha avivado la controversia y ha generado mucho ruido tanto en Europa como en España.
Esta taxonomía es un listado de las actividades que se consideran medioambientalmente sostenibles a efectos, fundamentalmente, de acceder a financiación verde, más atractiva y en mejores condiciones (menores tipos de interés) que otras. Pero también a efectos de beneficiarse de políticas de apoyo por parte de la Comisión Europea o de sus miembros. Por tanto, el que una tecnología sea incluida en la lista mejora sus perspectivas económicas en Europa.
¿Cómo se define una actividad sostenible?
La reacción contraria por parte del Gobierno español (y de otros europeos) a la inclusión del gas y la nuclear en esta lista es perfectamente entendible, si uno piensa que la taxonomía solo debe incluir tecnologías que no causen ningún daño al medio ambiente. Aunque, si nos ponemos estrictos, entonces habría que reducir aún más la lista, porque incluso las renovables pueden causar impactos ambientales.
Pero también es sencillo entender la decisión de la Comisión, si nos atenemos a la definición de “actividad medioambientalmente sostenible” recogida en el reglamento publicado por la CE en junio de 2020. En él se dice que una actividad se considerará medioambientalmente sostenible cuando contribuya sustancialmente a lograr un objetivo medioambiental –como la mitigación del cambio climático o la prevención y control de la contaminación– y a la vez no cause un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales listados.
Además, y en lo que respecta a la mitigación del cambio climático, el citado reglamento especifica que también se considerarán sostenibles aquellas actividades para las que no existan alternativas tecnológicas bajas en carbono viables, cuando apoyen la transición a una economía climáticamente neutra. Siempre que no obstaculicen el desarrollo de otras alternativas limpias y no supongan la retención de activos intensivos en carbono.
Este último párrafo es, en mi opinión, el punto más conflictivo del reglamento, ya que permite incluir en la taxonomía tecnologías no necesariamente limpias, o con problemas. Pero el caso es que este reglamento ya se aprobó en su momento, sin tanto ruido. Y, de acuerdo con él, si el gas y la nuclear son imprescindibles para avanzar en la transición, si no hay alternativas para ellas (como las renovables), y si no crean ese efecto de retención, la norma europea permite que se consideren como actividades sostenibles.
¿Cumplen el gas y la nuclear las condiciones?
En algunos países puede ser que el gas y la nuclear cumplan los requisitos que establece el reglamento: puede haber una necesidad para ellas en la transición energética.
El que en España no se necesiten (y en principio no son necesarias nuevas inversiones en gas o en nuclear) no quiere decir que para otros países (con menos recursos renovables, con más carbón que sustituir o con menos oposición a los residuos nucleares) no puedan ser herramientas clave para descarbonizarse lo antes posible. De ahí que, aunque algunos países se hayan alineado con España, otros aplaudan la decisión de la Comisión.
Para de verdad saber si Bulgaria o Finlandia no necesitan otro reactor nuclear habría que mirar con mucho cuidado sus posibilidades, recursos y dinámicas. Lo mismo pasa con las alternativas para cerrar el carbón en Alemania. El que los alemanes quieran un sistema eléctrico descarbonizado en 2035 no quiere decir que no necesiten el gas. En España, por ejemplo, la industria demanda tres veces más gas que el sector eléctrico.
A primera vista, no parece una locura considerar la opción, sobre todo si además pensamos en el largo plazo.
De hecho, no tendría mucho sentido que un país escogiera alguna de estas tecnologías si tuviera alternativas renovables. Las renovables son competitivas con el gas (y más si sigue la actual situación de precios) y la nueva nuclear es muy cara. Por eso, entre otras razones, no tiene sentido para España. Nuestro país cuenta con suficientes recursos renovables, energía hidráulica para contribuir a gestionarlos y ciclos combinados de sobra para la transición.
Combustibles con los días contados
En cualquier caso, por mucho que estén en la taxonomía, los inversores saben que el riesgo asociado al gas y la nuclear es mucho mayor que a las renovables, así que siempre llevarán una prima de riesgo con respecto a estas. Más aún teniendo en cuenta que la Comisión, en su propuesta, exige que las centrales de gas dejen de usar este combustible en 2035.
Por tanto, incluir estas tecnologías en la taxonomía no las hace inmediatamente igual de competitivas que las renovables, pero sí permite que determinados países las apoyen. Y esto puede ser necesario, mirando caso por caso. De hecho, la negativa a la nuclear en Alemania seguramente les obligará a instalar más gas, si a la vez quieren cerrar el carbón.
Pero hay un elemento más que es muy relevante para entender la oposición de algunos países a la decisión de la Comisión: cuando un gobierno, como el español, apuesta por solo construir renovables para su transición energética y cuenta con una financiación en muy buenas condiciones para ello (gracias a la taxonomía), que se incluyan otras actividades como el gas o la nuclear supone que habrá más competencia por la financiación en condiciones favorables. Y esto, consecuentemente, podría suponer que la financiación se encarezca (mayores tipos de interés) para las renovables que queremos y tenemos que construir en España.
Como las renovables son tecnologías muy intensivas en capital, su coste final es muy sensible a los tipos de interés con los que se financia. Y por tanto, una financiación más cara se traduce en un coste mayor para los países que apuesten por las renovables.
Así que, más allá de diferencias conceptuales sobre lo que se entiende como sostenible, lo que está en juego es el coste de la transición energética para los distintos estados miembros, según sus condiciones y las decisiones estratégicas que hayan adoptado. Y como es un coste relevante, seguro que continuará el debate en el Consejo y en el Parlamento Europeo. Veremos cómo termina.
La versión original de este artículo fue publicada en el blog del autor.
Pedro Linares, Profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, Universidad Pontificia Comillas
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
