"Es peligroso que las empresas secuestren el deporte, así que apoyo plenamente las acciones de Patrick Baumann. Si no lo paramos ahora, se nos irá de las manos. Si continuamos ignorando la situación, no tendremos ningún control sobre organizaciones privadas que terminarán queriendo organizar unos Juegos Olímpicos alternativos. Iremos con la FIBA hasta el final".
Son palabras de Patrick Hickey, presidente de los Comités Olímpicos Europeos, que han dado un vuelco a la situación de la selección española de baloncesto, afectada por el veto olímpico de FIBA a las naciones cercanas a la Euroliga, su némesis en la guerra civil de la pelota naranja en el Viejo Continente. Con este inesperado pronunciamiento, el riesgo de que los Gasol y compañía no acudan a Río 2016 es peligrosamente real.
Al irse involucrando diversos actores europeos que se posicionan del lado de la FIBA, es conveniente recordar que la solución a todo este embrollo la tiene el CSD, ya que el Artículo 41 de la Ley del Deporte le facultaría para revocar la relación ACB-Euroliga que ha terminado salpicando a los estamentos federativos y que, por tanto, daría paso a la sanción al plantel de Scariolo.
Con todo, la FEB, que le ha visto las orejas al lobo, se ha movido rápido, solicitando a la ACB "documentación sobre su acuerdo con la Euroliga para completar el pliego de alegaciones a FIBA Europa por la pérdida de derechos de participación de la selección en sus competiciones".
En su comunicado, la Federación Española solicita asimismo a la Asociación de Clubes de Baloncesto "la suspensión cautelar del acuerdo de su Asamblea General, así como de los compromisos suscritos que han motivado la sanción". Un paso que, a día de hoy, parece necesario si los nuestros quieren pelear por una medalla en Río de Janeiro.
