Según publica el medio digital Cordópolis, Miguel Reina ha sido denunciado por un presunto delito de prevaricación. Fuentes judiciales confirman que la denuncia se refiere a los decretos que Reina ha firmado en calidad de presidente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) para contratar al despacho de abogados catalán de Cuatrecasas. El coordinador provincial del sindicato CTA Francisco Moro presentó el pasado miércoles la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Córdoba.
La denuncia en cuestión se refiere a dos decretos cuyo importe total superaría el límite económico estipulado para este tipo de contratos. El primer decreto lo firmó Reina el 20 de mayo de 2013 (número 158) en el que se contratan los servicios para la gestión de recursos humanos en el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba por un importe de 18.000 euros más IVA: 21.780 euros en total. El segundo decreto se firmó en el 10 de octubre de ese mismo año por un importe de 12.500 euros más IVA (15.125 euros en total) para el asesoramiento jurídico del organismo municipal.
En octubre de 2013 ya trascendió que el IMD iba a contratar los servicios jurídicos de Cuatrecasas para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que entonces llevó a cabo. En total, este ERE afectó a 20 trabajadores de este organismo dependiente del Ayuntamiento de Córdoba.
Alfonso López, gerente del IMDECO, ha informado a Vozpópuli que en relación a esta noticia los dos contratos a los que se refiere la denuncia están perfectamente justificados y cuentan con informes favorables de los órganos de control municipales. Ambos contratos tienen objeto distinto. Uno se realizó para asesorar al IMDECO en un proceso de despido colectivo que finalizó con acuerdo con los trabajadores ; el otro decreto se realizó para contar con el asesoramiento laboral de dicha firma en la gestión ordinaria de la entidad pública. Dichos contratos son de 2013 (hace dos años), y el sindicato denunciante conoce de su existencia desde entonces. Resulta cuando menos paradójico que denuncien eso a 3 días de las elecciones municipales. Para analizar si existe un posible fraccionamiento de contratos (que en ningún caso tendría relevancia penal) hay que atender a los contratos de similar objeto. Dichos expedientes ya se han facilitado al PSOE (pidió acceso público a los mismos) , y se facilitarán a todo aquel que lo solicite. Curiosamente (de nuevo) el sindicato denunciante ni siquiera ha pedido acceso a los expedientes.
