La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Pablo Ruz que admita a trámite la querella por apropiación indebida interpuesta contra el presidente del Barcelona, Sandro Rosell, por el fichaje de Neymar, ante la posibilidad de que los contratos que lo sustentaron fueran "simulados".
El fiscal José Perals pide al juez en su informe que admita a trámite la querella presentada por un socio del club, puesto que los contratos del jugador "que se han ido firmando entre las partes en ocasiones no responden a lo indicado en los mismos, tratándose en algún caso de contratos simulados", y en otros casos se cambian de tipo contractual de manera fraudulenta.
El fiscal apoya la tesis del querellante de que no se sabe la cantidad que efectivamente pagó el Barcelona por el fichaje del delantero brasileño Neymar Silva Santos Junior y se ha ocultado por ello a los socios una información que debía ser pública.
Si bien considera que ahora no es "urgente y necesario" citar a declarar a Rosell, reclama al juez que dicte una serie de diligencias, entre ellas pedir a la FIFA que aporte la documentación del fichaje.
También reclama al juez que pida al propio jugador el contrato que firmó con la sociedad N&N, propiedad de su padre, por el que le cedía sus derechos; libre una comisión rogatoria a Brasil para solicitar del Santos CF el contrato de traspaso del jugador, y cite como imputados a los empleados de Deloitte que hicieron la auditoría de las cuentas del Barcelona.
El fiscal desgrana los contratos que hicieron el Barcelona, Neymar y la empresa de su padre para su fichaje el pasado año y concluye que, tras analizarlos y compararlos con las cuentas del Barcelona, podrían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida en calidad de distracción.
El fiscal destaca que hubo dos movimientos sospechosos, uno de ellos la firma en 2011 de un contrato ficticio de préstamo que en realidad era "una garantía" para el futuro fichaje de Neymar y otro la "mutación" de lo que era un acuerdo para su fichaje en una cláusula de penalización del mismo.
Relata que el 15 de noviembre de 2011 el Barcelona, Neymar y N&N (empresa que iba a adquirir sus derechos en 2014) firmaron en Sao Paulo (Brasil) un contrato por el que el club manifestaba su intención de contratar al jugador en 2014, cuando terminaran sus derechos con el Santos CF.
El Barcelona pactó abonar en ese momento a N&N 10 millones en virtud de un "contrato de préstamo" que, según el fiscal, era simulado y se trataba en realidad de una garantía para el futuro fichaje.
Además, se acordó que el precio para adquirir a Neymar que tenía que pagar el Barcelona por "derechos federativos y económicos" era de 40 millones (en los que se incluían los 10 del "préstamo") y se estableció una cláusula de penalización en caso de incumplimiento del contrato por importe de 40 millones.
Finalmente, el 3 de junio de 2013 Neymar, N&N y el Barcelona pactaron resolver ese contrato de adquisición porque el jugador se iba a incorporar antes de 2014 al club catalán, en virtud a un acuerdo de transferencia de derechos federativos del Santos CF que también se firmó por una cantidad que se desconoce.
En ese momento, el Barcelona reconoció que no había cumplido el contrato de 2011 (ya que el jugador se debía incorporar al club catalán en 2014 y aún no había acabado su relación con el Santos CF) y que tenía que abonar la cláusula de penalización de 40 millones a N&N y, en el mismo acto, se firmó el contrato de trabajo del jugador.
Por ello, el fiscal considera que lo que en principio era un contrato de fichaje (el firmado en 2011) se cambió por una cláusula de penalización del mismo y que así "los 40 millones se abonan finalmente como una cláusula de penalización cuando en realidad inicialmente eran por la adquisición de los derechos económicos y federativos del jugador".
Además, el fiscal analiza la documentación contable aportada por el Barcelona, en la que o bien no aparecen estos pagos o bien se apuntan por conceptos diferentes. En las cuentas constan en junio de 2012 los 10 millones del préstamo como "parte de un compromiso firme de compra a largo plazo por 40 millones de euros", pero en 2013 no se hace referencia a la cantidad de 40 millones que supuestamente el Barcelona abonó por la cláusula de penalización.
Los gastos del fichaje de Neymar sólo aparecen en el Informe de Gestión del Barcelona de 2013, pero en una cantidad "sin cuantificar", a pesar de que ese año se tenía que haber apuntado en la contabilidad.
Tampoco consta, destaca el fiscal, "la cantidad concreta que efectivamente se ha abonado al Santos CF por la adquisición de los derechos federativos del jugador antes de que terminara su contrato con dicho club".
El querellante, Jordi Cases, cree que el Barcelona pagó por el fichaje 40 millones a la sociedad del padre de Neymar y 17,1 millones en concepto federativos al Santos CF, cantidades a las que añade 7,9 millones por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos y 9 millones por dos partidos amistosos.