La Policía Nacional ha detenido al empresario sevillano y marido de Ana Rosa Quintana, Juan Leocadio Muñoz, a uno de sus hermanos y al abogado de ambos por contratar al excomisario José Manuel Villarejo en noviembre del pasado año para realizar un chantaje y tratar de recuperar una deuda, según fuentes de la investigación.
El marido de la periodista había acudido a las fiestas organizadas por Villarejo en su chalé y había sido grabado también por el excomisario. Juan Muñoz ha sido arrestado en Madrid y su hermano en Andalucía, por orden de la Fiscalía Anticorrupción. Se espera que ambos declaren en las próximas horas ante la Policía.
Juan Leocadio Muñoz, más conocido como Juan Muñoz, fue fotografiado por última vez con su mujer Ana Rosa surcando las aguas de Formentera el pasado 2 de julio. Sin duda, su detención habrá caído como un jarro de agua fría en la familia.
La periodista y Juan se casaron por lo civil el 29 de mayo de 2004 en Bollullos de la Mitación, Sevilla, y la pareja tuvo dos hijos en el año 2004, Juan y Jaime, cuando Ana Rosa tenía 48 años de edad. La presentadora ya tenía otro hijo, Álvaro, de su anterior relación con el periodista Alfonso Rojo.
Los negocios del marido de Ana Rosa
El marido de la periodista es arquitecto e inversor inmobiliario. También dirige varias empresas pertenecientes al sector de la hostelería y el turismo, y ha levantado grandes completos por la costa mediterránea. Hace 6 años se publicó que pretendía hacer 350 viviendas y 1400 plazas de hotel en el paraíso de Valdevaqueros en Tarifa, Cádiz.
Además tiene empresas metalúrgicas como Otelum S.L. y negocios bursátiles como Cartera Industrial Rea, la papelera Europac, Tubacex, Alquite Inversiones.
Entre sus aficiones están el navegar en su embarcación, ver partidos de polo y practicar ‘running’. En 2014 se atrevió a correr los 42 kilómetros de la Maratón de Nueva York, para los que empleó casi 6 horas. Como buen sevillano disfruta yendo con su mujer a la Feria de Abril y viendo las procesiones.
Detenido en el año 2009 con su padre y su hermano
En el año 2009, también fue detenido cuando el juez de Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Torres, sentó en el banquillo a 15 implicados por presunta corrupción con el urbanismo del municipio granadino de Alhendín durante los últimos años, cuando aún gobernaba José Guerrero bajo las siglas del PP.
Además del marido de Ana Rosa se encontraban el ex alcalde de Alhendín del PP, José Guerrero, tres concejales: el de Urbanismo, Manuel Fernández, el de Obras Públicas, Salvador Nogueras, y de Cultura y Educación, María José Garrido; el arquitecto municipal José Manuel Zambrano y una decena de empresarios: Juan Leocadio Muñoz -marido de Ana Rosa Quintana-, su hermano Fernando Muñoz, el padre de ambos, Fernando Muñoz Noguera; Fernando Rafael Rodríguez-Acosta Márquez, Luis Alonso Polo, Rafael Francisco Alonso Polo, Mariano Alonso Polo, Alejandro Alonso Ramírez, Manuel Melguizo y Rafael Tallón. Todos ellos acusados de delitos urbanísticos de “carácter incontrovertible y grosero”.
A lo largo del extenso auto, el juez desgrana los cinco casos que motivaron las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y la detención de parte del anterior equipo de gobierno, según publicó ‘El diario de Sevilla’ en octubre de 2009.
En el caso del marido de Ana Rosa y su hermano, según el instructor, el que fuera concejal de Urbanismo “concertó con Fernando y Juan Leocadio Muñoz” el concurso en el que se adjudicarían las obras a las que presentaba la empresa de ambos, Tarje, de un parque y un mercadillo.
Se deduce de las conversaciones telefónicas que se “quebrantó el principio de libre concurrencia” y que, además, se “recortó el presupuesto de la obra un 5%" con la finalidad de “hacerlo menos apetecible y desincentivar” que otras empresas se presentasen al concurso.
Uno de los casos que más folios ocupa en el auto del juez Torres es el del polígono Marchalhendín. En él, relata todos los movimientos que conllevaron que los empresarios que promovían el polígono ofrecieran a Fernández el 1,5% del suelo para que “intermediase en la operación”, que se concretó en 28.000 metros cuadrados. Tras una “compraventa simulada”, el compromiso se plasmó en un “contrato privado”, según admitió el propio Fernández.
