El Estado español, a través de la Abogacía del Estado, podrá personarse, como posible perjudicado, en la querella presentada en la Audiencia Nacional contra el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega.
El juez Ismael Moreno, del Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, en una diligencia comunicada ayer lunes, informó que, al ser el Ministerio de Economía accionista de Abengoa -posee el 3,15% del capital-, y dada, por tanto "su condición de posible perjudicado", debe comunicarse a la Abogacía del Estado la existencia del procedimiento seguido en su juzgado, "a fin de que, si así lo considera, pueda personarse en las actuaciones".
El magistrado investiga posible delito de falsedad contable contra los que fueran los dos principales ejecutivos del grupo energético hasta su entrada en preconcurso de acreedores, en septiembre de 2015. La Plataforma de Perjudicados por Abengoa presentó querella contra Benjumea y Sánchez Ortega en 2016, por delito societario y delito de falsedad en mercados financieros; Abengoa comunicó en 2015 un beneficio de 72 millones en el primer semestre de ese año, cuando poco después solicitaría su entrada en preconcurso de acreedores.
El ICO perdió 85 millones en la refinanciación de Abengoa
La misma plataforma ya presentó querella contra el expresidente y el exconsejero delegado y otros consejeros de Abengoa por las indemnizaciones percibidas por Benjumea y Sánchez Ortega, de 11,4 y 4,4 millones en 2015.
El pasado mes de marzo la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente de Economía, alcanzó el 3,1% de Abengoa, según apareció entonces en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, convirtiéndose en el segundo mayor accionista del grupo tras Santander.
Luis de Guindos, exministro de Economía, declaró a finales de 2015 que la exposición del sector público en la deuda de Abengoa ascendía a 415 millones de euros. Los organismos públicos afectados fueron el ICO, Cofides, y Cesce. Como publicó este diario, el ICO perdió 85 millones de euros en la refinanciación de Abengoa que evitó su entrada en concurso de acreedores.
