También el Instituto de Crédito Oficial tuvo que pasar por el aro el año pasado y adherirse al acuerdo de refinanciación de Abengoa, un acuerdo que supuso por parte de los acreedores financieros un sacrificio desmedido consistente básicamente en perdonar el 97% de la deuda. Abengoa evitó así declararse en concurso -hubiese sido la mayor quiebra empresarial ocurrido en España-, pero el roto que ha provocado la crisis de la multinacional sevillana a entidades financieras, empresas proveedoras, accionistas, o empleados ha sido monumental.
El ICO, dependiente del Ministerio de Economía, adquirió el pasado año una participación en el capital de Abengoa por importe de 87,5 millones de euros "como consecuencia de su adjudicación en pago parcial de una operación de préstamo del Instituto", explica el organismo público en su último informe financiero. Poco después de que el ICO convirtiera en acciones la deuda que mantenía con Abengoa -como parte del acuerdo de reestructuración de la compañía energética-, el organismo vendió esos títulos "generando un resultado contable de 2,6 millones".
En la actualidad el Ministerio de Economía es el segundo mayor accionista de Abengoa, tras Santander
En el marco de la reestructuración financiera de Abengoa, que no tuvo más remedio que aceptar el 93% de los acreedores -en caso contrario el grupo hubiese ido a liquidación-, se adjudicó al ICO acciones de la compañía española por ese valor apuntado de 87,5 millones de euros (el 1,3% de la deuda total de Abengoa). Dicha conversión generó una quita de 85 millones de euros.
El ICO aprobó la reestructuración de la deuda de Abengoa asumiendo una pérdida de 85 millones de euros a pesar de que el expresidente del grupo sevillano, Felipe Benjumea, percibió antes de dejar la presidencia de la compañía, en septiembre de 2015, más de 15 millones de euros entre salario e indemnización.
El ICO no fue el único organismo público que perdió prácticamente toda la ayuda económica que había concedido a Abengoa. También Cofides, y Cesce, organismo que cubre los riesgos en el exterior, aportaron en total cientos de millones de euros al grupo sevillano que se han esfumado.
La implicación pública española en la salvación de Abengoa ha sido de tal peso que en la actualidad el Ministerio de Economía es el segundo mayor accionista de la compañía, tras Santander. La Secretaría de Estado de Comercio posee el 3,1% del capital de Abengoa al capitalizar deuda que dos fondos de inversión dependientes del Ministerio de Economía -Fondo de Reserva de Riesgos de la Internacionalización y Fondo para Inversiones en el Exterior- mantenían con la empresa.
