Ilocad, la empresa constituida por Baltasar Garzón en 2012 tras ser expulsado de la carrera judicial por las escuchas ordenadas a abogados y clientes de la trama Gürtel, se ha impregnado de un aura de despacho defensor de causas humanitarias. Pero la labor humanitaria difícilmente explica que Ilocad ingresara el pasado año 5,3 millones de euros, registrara un beneficio de 0,4 millones, y realizara un pago de 2 millones de euros al exjuez.
El único cliente identificado por Ilocad en 2017 en su web, es el periodista Hamza Yalçin, al que Turquía reclama su extradición. "La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) representa a Yalçin a través del despacho de abogados ILOCAD por considerar que la detención del periodista y escritor, de 59 años y residente en Suecia, vulnera sus derechos", informa la empresa de Garzón en su web. También alude a una demanda de traslado de las sepulturas de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, presentada por Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranzuna en el Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo de El Escorial; los tres abogados también presentaron, en abril del pasado año, incidente de nulidad de actuaciones frente a la sentencia del Tribunal Supremo desestimatoria "de la demanda en ejercicio del Derecho de Petición sobre el Valle de los Caídos".
En 2018, la web de Ilocad destaca entre los casos en los que ha participado, el de una ciudadana marroquí residente en Canarias que ha denunciado una supuesta injusticia familiar; y el del ingeniero Hervé Falciani, perseguido por Suiza por haber sustraído decenas de miles de datos comprometedores de la banca del país.
El despacho de Garzón debe contar con otro tipo de clientes que no expone públicamente en su web, o realiza otros negocios distintos al de la defensa legal, que generan unos ingresos tan relevantes como los que exponen las cuentas de Ilocad del pasado ejercicio, a las que este diario ha accedido a través de Insight View.
El pago realizado a Garzón "no es más que la retribución del mismo por los servicios jurídicos prestados a la sociedad", dice Ilocad
Vozpópuli ha analizado las cuentas de 2017 de Ilocad con la ayuda de abogados de tres despachos reconocidos, de un experto en fiscalidad que trabaja en una de las mayores consultoras del mundo, y de un experto en contabilidad forense. A todos ellos les ha llamado la atención el mismo dato de las últimas cuentas de Ilocad: el gasto de explotación.
El año pasado Ilocad registró 4,23 millones de euros como 'Otros gastos de explotación'. "No es normal, no puede ser", dicen los profesionales consultados. "Un despacho de abogados tiene como gastos de explotación únicamente los que se derivan del local que emplea como lugar de trabajo, y del salario de su plantilla, poco más", señalan. "Los demás gastos corren a cuenta de los clientes", indican.
Lo que explica que Ilocad genere unos gastos de explotación tan altos es que, en realidad, Ilocad no es un despacho de abogados. Aunque el objeto social de la compañía es el de "asesoramiento jurídico"; de que su plantilla está integrada por Garzón y otros siete abogados -uno de ellos especializado en Derecho ruso-; y a pesar de que en su web la firma se define como "el despacho de abogados fundado y dirigido por Baltasar Garzón", Ilocad no es, sólo, un bufete.
Ilocad reconoce que no tiene como objeto social exclusivo la prestación de servicios jurídicos
Si Ilocad fuera un despacho de abogados, posiblemente hubiera optado por registrarse como una Sociedad Limitada Profesional (SLP), la figura que regula la prestación de servicios profesionales (los que requieren una titulación universitaria o una titulación profesional como abogados, médicos, ingenieros o arquitectos). Sin embargo, Ilocad está registrada como una Sociedad Limitada (SL).
Las cuentas del pasado año de Ilocad recogen datos u operaciones propias de una sociedad mercantil, y no de un despacho de abogados. Además del gasto de explotación, también llama la atención que la empresa haya tenido una inversión recurrente anotada como 'Inversiones financieras a corto plazo', por importe de 1,04 millones. O que el pasado año anotara como 'Operaciones vinculadas' un pago de 2,087 millones de euros a Baltasar Garzón, y otro de 0,346 millones a la empresa Internacional Mades Comunicación, administrada por María Garzón Molina, hija del exjuez.
Este diario se ha puesto en contacto con Ilocad, y a través del correo electrónico la empresa ha respondido a varias de las cuestiones planteadas a lo largo de esta semana. Y ha excusado no responder a otras preguntas aludiendo al carácter confidencial de su relación con sus clientes.
La ministra de Justicia Dolores Delgado fue quien siendo fiscal de la Audiencia Nacional se opuso en 2013 a la extradición de Falciani
"La sociedad Ilocad SL no tiene como objeto social exclusivo la prestación de servicios jurídicos, por lo que por el momento queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales", responde sobre el hecho de que Ilocad esté registrada como SL y no como SLP. La empresa admite de esta manera que no es, sólo, un despacho de abogados.
"Las inversiones financieras a corto plazo que se recogen en el activo del balance del ejercicio 2017 [1,04 millones de euros] se corresponden con activos financieros cotizados de gran liquidez en los que se materializan las reservas generadas", explica Ilocad, que añade que actualmente "no se mantiene esta inversión". Además precisa que no posee participaciones ni acciones en ninguna sociedad española ni extranjera.
"International Mades Communication SLU es una empresa de publicidad y comunicación que provee a Ilocad SL de servicios de comunicación, del mismo modo que otros proveedores", dice sobre el pago a la firma de María Garzón Molina de 0,3 millones en 2017.
"La sociedad Ilocad SL cumple escrupulosamente con la normativa sobre Operaciones Vinculadas", afirma. "El pago realizado en favor de Baltasar Garzón no es más que la retribución del mismo por los servicios jurídicos prestados a la sociedad, sin perjuicio de la tributación que por tal importe haya soportado el socio en su imposición personal (IRPF)". Ilocad añade que dicha retribución "se determina de acuerdo con su valor de mercado, tal como exige el artículo 18 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades".
