Banco Santander afronta ya los primeros juicios de inversores institucionales de Banco Popular. Al igual que le ocurrió a Bankia, tras las demandas de los pequeños inversores les han seguido a los tribunales empresas y grandes inversores, que quieren recuperar su dinero alegando la presunta falsedad contable del Popular.
Una de las primeras en llegar a juicio ha sido la inmobiliaria alcarreña Cerquia, según ha explicado la empresa a este medio. La empresa de Carlos Cercadillo -familia de los dueños de Hercesa- reclama a Popular-Santander unos 40 millones a través de tres demandas distintas, cuyos juicios ya han tenido lugar.
El empresario de Guadalajara y sus abogados han decidido separar la reclamación en tres frentes. Por un lado, un producto estructurado que Cerquia Gestión contrató en 2009-2010, ligado a acciones del Popular. La demanda argumenta que el producto fue vendido sin avisar de los riesgos.
Las polémicas ampliaciones
Las otras dos demandas están ligadas a las ampliaciones de 2012 y 2016, a las que Cercadillo acudió de la mano de su principal sociedad, Cerquia Gestión. Según la empresa, acudió a ambas con financiación del Popular y presionada por los comerciales del banco.
Las demandas se basan en ello y en la contabilidad del Popular, que está en cuestión por la documentación que va entrando en la investigación de la Audiencia Nacional. Dos inspectores del Banco de España están encargados de analizar todas las evidencias y determinar en los próximos meses si las cuentas de Popular de 2016 y 2017 reflejaban la imagen fiel.
Los jueces están poniendo de momento el foco en la ampliación de 2016 más que en la de hace seis años
Cerquia también ha acudido al proceso de la Audiencia para intentar que el juez Fernando Andreu investigue la ampliación de capital de 2012, además de la de 2016. Sin éxito, ya que su petición fue rechazada por el magistrado hace tres meses.
Según explicó su vicepresidente Rodrigo Echenique, Santander confía en que esta demanda no tenga recorrido y que se aplique la "doctrina Bankia": grandes empresas e inversores institucionales no tendrían derecho a recuperar su dinero porque tenían medios para detectar el agujero del Popular, como ocurrió con la salida a Bolsa de Bankia.
Fuentes judiciales consultadas por este medio señalan que hay más demandas de este tipo en marcha de grandes inversores. Aunque de momento el goteo de sentencias que van saliendo son de pequeños inversores de la ampliación. Los grandes esperan a que avancen los recursos ante Europa y la investigación en la Audiencia Nacional.
