Duro Felguera ha solicitado a la Agencia Tributaria suspensión de ejecución de un pago debido por Impuesto sobre Sociedades de 101 millones de euros de cuota más 22 millones de euros en concepto de intereses de demora. La compañía negocia con Hacienda la posibilidad de aportar garantías parciales para eludir la ejecución futura de la deuda por parte de Hacienda.
El grupo ha propuesto la aportación de garantías inmobiliarias por importe de 29 millones de euros, solicitando dispensa parcial de garantía por el resto del importe (94 millones de euros).
Duro Felguera acudió en diciembre al Tribunal Supremo por la deuda reclamada por la Agencia Tributaria
El Tribunal Económico-Administrativo Central, dependiente del Ministerio de Hacienda, inadmitió la propuesta de la compañía española, y el grupo impugnó, el pasado mes de junio, tal decisión mediante recurso contencioso-administrativo presentado en la Audiencia Nacional.
La Sala de la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos de Duro Felguera, y la empresa presentó en diciembre recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
"En el peor de los escenarios", considera el grupo de ingeniería, en caso de levantamiento de la medida cautelar de suspensión, entre este mes de abril y mayo, se iniciaría un nuevo procedimiento de aplazamiento, con una duración de en torno a un año.
Si tras dicho procedimiento no se aceptara el aplazamiento solicitado "y llegado ese momento la compañía no estuviera en disposición de aportar garantías, la Agencia Tributaria podrá iniciar acciones de recaudación ejecutiva de la deuda", señala la compañía en su último informe financiero anual.
Fuentes del grupo explican que el contencioso procede del cambio de criterio de tributación de Hacienda de empresas conjuntas en el extranjero, situación que ha comprometido a otras empresas españolas. La compañía cuenta con dos informes elaborados por Baker McKenzie y EY en los que se concluye que el riesgo de ejecución es bajo.
Investigación por Venezuela
Duro Felguera revela en su último informe financiero anual que el pasado 19 de marzo la Fiscalía solicitó al Juzgado de Instrucción Central número dos de la Audiencia Nacional una extensión del periodo de instrucción por 18 meses adicionales, por la investigación sobre supuestos sobornos pagados en Venezuela. La compañía estima que se acordará la instrucción de la causa hasta septiembre de 2020.
La Audiencia Nacional admitió en diciembre de 2017 querella interpuesta contra Duro Felguera, y
otros, por la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, al considerar "la posible
existencia de un supuesto delito de corrupción de autoridad o funcionario extranjero, concurriendo
igualmente un supuesto delito de blanqueo de capitales, en relación con la realización de pagos por
importe total de aproximadamente 80,6 millones de dólares".
En particular se investiga un contrato valorado en 2.000 millones de dólares suscrito por Duro Felguera con la empresa pública venezolana C.A. Electricidad de Caracas para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Venezuela.
La compañía encargó un informe forensic a Grant Thorton sobre el caso de Venezuela
Duro Felguera considera que por la documentación aportada y las diligencias efectuadas se han justificado los pagos efectuados "al tener su fundamento en compromisos contractuales asumidos por personas debidamente facultadas para su otorgamiento (...)".
La compañía indica que, si bien las perspectivas "respecto de un posible impacto son positivas", no es posible determinar la probabilidad o extensión de las posibles consecuencias, que dependerán de los resultados de la instrucción penal.
El grupo añade que, a la luz de informe forensic encargado a Grant Thorton, emitido en marzo del pasado año, "no hay elemento ni evidencia ni indicio ni constancia algunos de que Duro Felguera, su órgano de administración o sus miembros, directivos, empleados o representantes hayan autorizado, conocido y(o) consentido pagos o concesión de ventajas o beneficios indebidos en favor de autoridades o funcionarios públicos de Venezuela".
Advertencia de EY
Duro Felguera logró a finales del pasado año un acuerdo de reestructuración de su deuda con los bancos acreedores que ha permitido al grupo espantar los fantasmas del concurso de acreedores. Sin embargo, EY advierte en su informe de auditoría sobre las últimas cuentas de la compañía, una incertidumbre sobre su capacidad para mantener la actividad.
La consultora indica que Duro Felguera presenta un patrimonio neto por debajo de la mitad de su capital social, por lo que, en la próxima junta de accionistas, se propondrá una reducción del capital por el importe necesario para conseguir el reequilibrio patrimonial.
La compañía, añade EY en su informe de auditoría, negocia con la banca nuevas líneas de financiación para atender compromisos de pago. Por lo expuesto, señala la consultora, se indica la "existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento".
