La primera comparecencia de la ministra Teresa Ribera en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso sirvió para confirmar tanto la intención del Gobierno de poner fin a la aventura nuclear de España como el hecho de que no hay un plan definido para llevar a cabo la medida. Ribera admitió la importancia de conocer el coste de cerrar las centrales pero también que desconoce la cuantía del mismo. Una factura, no obstante, en ningún caso barata. La última referencia disponible habla de una cifra por encima de los 19.000 millones de euros, incluyendo la necesaria gestión de los residuos. Un coste que, hoy por hoy está fuera del alcance de Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de residuos radioactivos.
Durante su intervención, Ribera denunció que en España no hay un plan de gestión de residuos y que incluso pende una sanción de Bruselas por no contar con él. En realidad, sí existe un Plan de Gestión de Residuos Radioactivos, aunque lleva mucho tiempo pendiente de actualización, toda vez que su última edición data del año 2006. En ese plan, se estima un coste para el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en España y la posterior gestión de los residuos hasta el año 2085 que asciende a algo más de 19.500 millones de euros.
Un coste que, teóricamente, debería ser asumido por Enresa, aunque si el Estado tuviera que recurrir a la compañía pública para ocuparse del cierre de las plantas se encontraría con un serio contratiempo. El fondo creado a tal efecto, alimentado por la contribución de los grupos energéticos que operan los siete reactores que están activos en la actualidad, presenta un déficit valorado en su día por el Tribunal de Cuentas en unos 1.700 millones de euros y que, a día de hoy, va camino de los 3.000 millones.
Las compañías aportan aproximadamente unos 400 millones de euros anuales al fondo, que está invertido principalmente en renta fija. Sin embargo, el largo periodo de bajos tipos de interés en la zona euro ha hecho mella de forma muy significativa en su rentabilidad, además de que los costes asociados, especialmente los referidos al almacenamiento, se han incrementado de forma significativa.
Los aprietos financieros de Enresa
A esta circunstancia ha contribuido el eterno retraso en la construcción del Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC), dado que su ausencia obliga a las centrales a contar con alternativas que llevan asociado un coste adicional que también sufraga el fondo de Enresa.
Estas apreturas financieras de la empresa pública llevaron al anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, a anunciar que estaba estudiando un cambio normativo para obligar a las empresas operadoras de las centrales a hacerse cargo de los costes del desmantelamiento de las centrales. Un mensaje que fue recibido con desaprobación por parte de las eléctricas, al considerar que ya realizaban su correspondiente aportación al fondo.
"Necesitamos un análisis más profundo y la identificación de las medidas a tomar", apuntó Ribera. En ese análisis, el coste representa un papel fundamental, aunque no el único. El Ministerio que dirige también tiene que tener en cuenta las circunstancias del calendario, toda vez que el cierre de las centrales al finalizar su vida útil de 40 años se produciría en el transcurso de apenas cinco años, entre 2023 y 2028.
El futuro del recibo
Un escenario que daría lugar a la formación de un cuello de botella en los procesos de cierre, inicio de desmantelamiento y tratamiento de residuos, como apuntaba hace unas semanas Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la asociación que engloba a las empresas del sector, en la presentación del balance de 2017. Araluce explicó que los desmantelamientos se prolongan durante diez años, con lo que si todas las centrales cerraran a los 40 años de su puesta en funcionamiento se solaparían muchos de estos procesos, toda vez que todas ellas arrancaron en un corto espacio de tiempo.
Mientras, en el sector se ha acogido con cautela el anuncio de la ministra Ribera, que relacionan con los diferentes mensajes que está lanzando el Gobierno en los últimos días con el fin de asegurarse tanto el apoyo de los socios que propiciaron el éxito de la moción de censura como de los votantes en la próxima cita electoral.
A las dudas sobre el coste real de un masivo cierre de centrales nucleares se suman las referidas al efecto que tendría en el recibo de la luz, toda vez que la nuclear es una fuente de generación barata.
