El Gobierno asegura que la destrucción de empleo que se ha producido en 2019 en el sector agrario se debe exclusivamente a factores estructurales, como el clima y la robotización del empleo, pero niega que haya influido en su situación la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -que ha aumentado los costes fijos de los agricultores- ni el sistema para fijar los precios -que les impide aumentar los ingresos-.
"Es cierto que el mundo del campo y el sector agrario tiene problemáticas estructurales que este Gobierno debe atender y que me consta que el ministro Planas está atendiendo, como la sequía, las inclemencias climatológicas y también el proceso de digitalización y robotización del campo (...) pero no hay datos empíricos ni ningún informe que asevere que la subida del SMI de 2019 tenga impacto en ese colectivo", aseguraba este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Sus declaraciones, no sólo desmienten a las del presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, que culpó directamente al SMI de la pérdida de empleos en el campo de Cáceres y Badajoz, sino que además coincide con una oleada de manifestaciones que están llevado a cabo los agricultores en muchas ciudades de España.
Sus quejas principales no son precisamente ni la robotización ni el tiempo, sino que lamentan sobre todo que "los bajos precios en origen afectan cada vez a más los cultivos" y encima "los costes de producción se disparan (desde la semana pasada aún más con la subida del SMI); la renta agraria cae un 9% y a esto debemos añadir las dificultades para exportar (aranceles americanos, el Brexit, el veto ruso…) y el temido recorte de las ayudas comunitarias que planean desde Bruselas", señalan desde las organizaciones ASAJA, COAG y UPA, organizadoras de las movilizaciones.
Esto último hace alusión a los recortes en la Política Agraria Común (PAC) que ya ha avanzado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y que les impactarán de lleno.
Subida del 29% en los costes
Entre 2019 y 2020, los empresarios o autónomos que tienen asalariados a su cargo cobrando el SMI (como es el caso de la agricultura por la baja cualificación requerida) han tenido que soportar una subida de casi el 29% en el sueldo que pagan a sus trabajadores, es decir, en sus gastos fijos. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, no han podido repercutir ese aumento de costes en sus precios.
De hecho, los trabajadores del campo se quejan de que en muchos casos es más alto el precio de producción que el de venta.
Todos estos problemas han provocado que el Régimen Especial Agrario perdiera 33.417 afiliados en el año 2019 que han perdido su empleo o que, según puede dejar ver la Encuesta de Población Activa (EPA), se han ido a la economía sumergida, ya que la destrucción de empleo que presenta esta estadística es de 15.300.
La robotización del sector sigue siendo muy incipiente en algunos sectores, como el de la recogida de frutos con hueso, que es muy extensivo en el uso de mano de obra. Parece poco probable, además, que el fenómeno de sustitución de trabajadores por maquinaria se haya disparado concretamente en el año 2019.
Con respecto a las inclemencias del tiempo, los agricultores lo que lamentan es la escasa inversión en I+D+i por parte de la Administración, que impiden desarrollar investigaciones para paliar el efecto del cambio climático en las actividades del sector primario.
El Gobierno mira hacia otro lado
Estas quejas no son compartidas desde el punto de vista político, como ha demostrado la titular de Trabajo y también el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Para él, “el salario mínimo es perfectamente abordable e integrable en el sector primario". "No lo veo inasumible aunque sí puede crear alguna dificultad en alguna explotación", señaló hace unos días a la prensa.
El presidente extremeño ha sido el único que sí ha lamentado públicamente que ha sido la subida del SMI lo que ha acabado de rematar al campo, una reivindicación que ha sido muy bien recibida por las organizaciones de agricultores.
“Veníamos clamando en el desierto, sin el apoyo de nadie, que es absolutamente imposible en Extremadura sobrevivir a una doble subida -de más del 28% en total- de los salarios en tan sólo unos meses, cuando además a eso se une que los precios que recibimos por nuestras producciones están por los suelos; eso sólo iba a conducir a la ruina, como ha pasado”, recordó el martes Ángel García Blanco, presidente de Asaja en Extremadura.
Esta organización pide a Pedro Sánchez un decreto regulador "de esos que tanto le gusta aprobar" en el que "fije un precio mínimo a pagar por cada producto agrario, una cantidad que siempre debe de ser superior al coste de cada producción”.
