La construcción está volviendo a relanzar los ingresos de los municipios. Aunque ninguna institución oficial se atreve a pronosticar que se esté iniciando una nueva burbuja inmobiliaria, los datos de la Contabilidad Nacional confirman que hay mucho movimiento porque los ayuntamientos están recuperando a marchas forzadas la recaudación de los años previos a la burbuja inmobiliaria en los impuestos más notorios ligados al ladrillo. Así, si en 2006, un año antes del inicio de la crisis económica, la construcción aportaba el 39% de los ingresos por impuestos de la Administración Local, en 2018, tras dos recesiones y una salida de la crisis que dura ya más de cuatro años, acumula casi el 50% de sus tributos en términos corrientes. Con esta contribución, las corporaciones consiguieron en 2018 un nuevo superávit (6.292 millones), el séptimo consecutivo, y se han convertido en la única Administración Pública que ha conseguido cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y además ha bajado su deuda.
Según los primeros datos de la liquidación presupuestaria, los ayuntamientos elevaron el año pasado sus ingresos por impuestos y tasas un 3%, hasta 39.443 millones (incluyendo IRPF e IVA), 1.052 millones más que en 2017. Sin embargo, los tributos relacionados con la construcción crecieron a un ritmo muy superior, cercano a los dos dígitos, compensando con creces la caída de otros como actividades económicas, vehículos o tasas de dominio público. Los ingresos totales, que incluyen las transferencias del Estado y de las autonomías, alcanzaron los 75.711 millones.
Que la construcción ha comenzado de nuevo a llenar la caja de los municipios se observa sobre todo en el espectacular crecimiento del 17% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Se trata del tributo que permite la realización de obras (licencias) mediante el abono de hasta el 4% del coste previsto. Es un impuesto ‘gris’ porque no tiene coste político alguno. Fue el que más se resintió durante la crisis. Su recaudación llegó a los 2.410 millones en 2006 y cayó de plano en los años siguientes hasta alcanzar su suelo en 2012 con sólo 500 millones. A partir de este año comenzó una tímida recuperación y es en 2018 cuando ha repuntado con más fuerza, hasta los 915 millones, un 83% más que la cifra registrada en 2012 y 131 millones más que la recaudación obtenida en 2017 (784 millones). Ningún otro impuesto nacional (Estado, autonomías o ayuntamientos) ha crecido tanto en 2018. Su incremento es, por ejemplo, casi cinco veces más que los ingresos estatales del IVA (3,7% sin el impacto del nuevo sistema de Suministro de Información) y casi 10 puntos más que la caja obtenida por IRPF (7,6%) o del Impuesto de Sociedades (7,3%). El ICIO es un impuesto que se considera peligroso porque acarrea tentaciones entre los dirigentes municipales a aumentar el gasto corriente aunque no es un ingreso ordinario. Dejó tirados a la mayoría de las corporaciones al inicio de la crisis en su política expansionista de gasto. Y, ahora, empieza a recargar las arcas públicas.
También sube en gran medida la recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava sobre todo la compraventa de viviendas de segunda mano. Sube un 14%, hasta 207 millones. Es otro de los impuestos que tuvo su particular rallye descendente durante la crisis. En todo caso, a pesar del alza, está aún lejos de los 503 millones registrados en 2006, pero ya permite recaudar el doble que en 2013, año en que llegó a su suelo con sólo 110 millones.
Otro impuesto ligado al ladrillo y que sigue creciendo a un ritmo frenético es el que grava las licencias urbanísticas. Aunque todavía no hay cifras de su liquidación definitiva, la intervención general estima un aumento cercano al 15%, hasta los 327 millones, un 40% menos que al inicio de la crisis (547 millones en 2006), pero más del doble del suelo alcanzado en 2013 (175 millones).
Alza del IBI
También destaca el alza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el único tributo que hace crecer la caja independientemente del ciclo económico. Sigue siendo el que más efecto recaudador tiene para los ayuntamientos. Supone ya el 36% de todos sus ingresos impositivos frente al 23% en 2006. Es decir, la recaudación es ahora superior en 13 puntos respecto a la que se registraba en pleno ‘boom’ inmobiliario. Los alcaldes han utilizado siempre este impuesto para aumentar los ingresos: cuando subía el precio de la vivienda, aumentaban el valor catastral y, cuando el precio se desplomó, elevaron los tipos que gravan este impuesto.
El IBI se ha convertido en la salvaguarda de las cuentas municipales y se ha utilizado para solapar la caída de otros impuestos, incluidos los más directos de la construcción. El incremento de su recaudación es ahora más modesto respecto a años anteriores por la proximidad de las elecciones locales. Algo similar sucedió en 2015, año de la anterior cita electoral, ya que el ritmo de crecimiento en los ejercicios precedentes era del 7% y bajó de golpe al 2,1%. El alza en 2018 fue del 1% hasta superar por primera vez los 14.000 millones. Esta cifra incluye el IBI por las viviendas desocupadas que aplican algunas corporaciones. En todo caso, la recaudación en términos corrientes es casi el doble (7.000 millones más) que la que se registraba en 2006 en plena burbuja. Es el único tributo que ha crecido a lo largo de su historia, incluso en los peores años de la crisis. Por ejemplo, entre 2008 y 2009, en plena primera recesión, su alza anual superó el 10% como consecuencia de la revisión catastral y de la desproporcionada subida de tipos. Y, durante la segunda recesión, entre 2012 y 2013, la media superó el 8%. Es decir, a los ayuntamientos no les ha preocupado que de las 900.000 viviendas que se vendían al año en 2006 se pasase a sólo 300.000 en 2013, año en que se alcanzó el suelo de las ventas. Según el ministerio de Fomento, en 2018 se ha realizado ya 582.000 transacciones. Sin embargo, el 80% de estas operaciones son viviendas de segunda mano, cuyos propietarios iniciales ya abonaban el recibo de la contribución. Por tanto, el crecimiento potencial del IBI será ilimitado cuando se active la compraventa de vivienda nueva.
El único impuesto relacionado con la construcción que ha reducido su crecimiento actual es el que grava el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalías). Se debe a los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional en 2017 que lo declaró nulo en los casos en que los contribuyentes registraron una minusvalía al vender sus casas a un precio menor al que las compraron y, sin embargo, tuvieron que pagar la plusvalía calculada con una tasa de revalorización ideada por los propios ayuntamientos pese a no haber obtenido ganancia alguna. Aún no se ha modificado la Ley de Haciendas Locales como exigía el Constitucional, aunque existe una propuesta que está pendiente de ser aprobada. Por ello, las corporaciones han bajado el ritmo de su cobro mientras sigue pendiente la devolución del dinero indebidamente cobrado. De esta forma, en 2018 la caja alcanzó los 2.354 millones, un 6,5% menos que en 2017. Pese al descenso, esta recaudación es un 72% superior a la que se registraba en 2006 (1.371 millones). El techo de ingresos se obtuvo en 2016 con casi 2.600 millones, un 89% más que diez años antes.
