Miles y miles de jubilados se han movilizado en toda España esta semana para defender unas pensiones dignas, algo que no solo supone un reto para el Gobierno actual sino también para los Gobiernos y generaciones futuras si se considera el 'agujero demográfico' al que la sociedad española se enfrenta de mantenerse las tendencias demográficas actuales.
Según alertaba en un informe de hace unas pocas semanas el Centro de Investigaciones Sociológicas (CSIC), en 2066 se habrá duplicado el número de personas mayores de 65 años, que pasarán a representar un 35% del total (hoy representan el 18%).
Más 'alarmante' aún es la previsión de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), que ha pronosticado que en 2050 habrá en nuestro país 77 personas mayores de 65 años por cada cien personas entre 20 y 64 años. Una cifra que convertiría a España en el segundo país con mayor dependencia generacional, solo por detrás de Japón, y que cobra mayor relevancia si se considera que en 2015, la tasa de dependencia generacional según este organismo era 'solo' de 31. La citada proyección hacia 2050 es un reto "sobre la sostenibilidad financiera y la adecuación de los ingresos de los sistemas de pensiones", según la propia OECD, que augura que a este paso la tasa bruta de reemplazo se reducirá a casi el 50% en 2060, es decir, que los jubilados españoles cobrarán entonces la mitad de su último sueldo.
El Banco de España, por su parte, ha alertado de que el envejecimiento de la población podría llevar a aumentos en el gasto total de pensiones de hasta 4,4 puntos porcentuales en términos de su peso en el PIB de aquí a 2035 (en 2008, el gasto fue del 7,6% del PIB y en 2016, del 10,7%) y hasta 11,6 puntos porcentuales (esto es, el doble de su peso actual en el PIB) en 2066.
Tendencias demográficas a 'paliar'
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, aseguró hace unos meses en el Congreso que para que el sistema actual de pensiones sea sostenible, hará falta una tendencia demográfica que permita que la población de España 'aumente' hasta los 55 millones de personas en 2050, algo que dependería principalmente de la evolución de la natalidad y la inmigración.
La evolución actual de ambos indicadores, sin embargo, no invita a pensar que el sistema sea viable, sino todo lo contrario. Según los datos registrados hasta el primer semestre de 2017, España acumula ya dos años de un saldo vegetativo negativo: registra más defunciones que nacimientos. En 2016, el país registró la peor tasa de fecundidad de su historia y una de las más bajas del mundo: 1,32 hijos por mujer. La inmigración, asimismo, creció de forma importante hasta 2008 pero desde entonces su aporte cayó y sigue estando lejos de volver a los niveles pre-crisis, mientras, en el mismo período, subió la emigración.
Así las cosas, no sorprende que según un estudio presentado la última semana por la Escuela de Actividades Empresariales, España no solo tendrá una población más envejecida sino que tendrá "menos población en total" y caerá de los 46 millones actuales a los 41 en 2065, muy lejos del ideal de los 55 millones que harían falta para mantener la sostenibilidad del sistema actual según Escrivá.
Su ideal de "55 millones de habitantes en 2050" asignaba especial peso al aporte de la inmigración y suponía que llegarían a España hasta 10 millones de inmigrantes antes de 2050. En contraste, la actual previsión del Instituto Nacional de Estadística es que a España llegarán 'solo' en torno a 2,6 millones de inmigrantes antes de 2045.
"El sistema actual no es viable"
El citado informe del EAE cita asimismo la precarización laboral como un elemento que contribuye al círculo vicioso del agujero demográfico: retrasa en general la maternidad. Salvador Perelló, autor del citado informe de EAE Business School, ha asegurado en suma que la acumulación creciente de población envejecida y las malas condiciones laborales convierten al sistema actual en "insostenible".
"El modelo de reparto no es viable en su configuración actual, hay que asumir los costes de una transición demográfica que durará entre treinta y cuarenta años y para la que no hay soluciones mágicas", ha asegurado.
