Prisa anduvo con pies de plomo antes de tomar decisiones a raíz de la imputación de su presidente Javier Monzón. La editora de El País fichó al despacho de abogados Pérez-Llorca para que le ayudase a preparar el informe de idoneidad que sirvió a la cúpula para mantener al presidente en su puesto tras ser imputado por su presunta implicación en la trama Púnica cuando fue presidente de Indra.
“La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo (CNRGC) ha estado asesorada por el despacho de abogados Pérez-Llorca en los asuntos técnico-jurídicos necesarios durante el proceso interno que se ha llevado a cabo para analizar la situación que afectada al Presidente y, en particular, para la elaboración del informe que la comisión elevó al consejo de administración”, reza el informe de gobierno corporativo remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Monzón fue imputado el pasado mes de septiembre por su presunta implicación en la trama de corrupción Púnica durante su etapa como máximo responsable de Indra. El juez le llamó a declarar en calidad de investigado tras sospechar que podría estar al tanto de los pagos que la compañía hizo al PP de Madrid.
Test de estrés para Prisa
La imputación de Monzón fue un auténtico test de estrés para el que es uno de los principales grupos editoriales de España. Su condición de imputado le obligaba a comunicarlo de inmediato al consejo y éste tenía capacidad para exigir su salida. La editora puso en marcha los mecanismos establecidos en la normativa y, tras cuatro semanas de trabajo, la CNRGC terminó su informe sobre el caso Monzón y lo dejó ‘visto para sentencia’ con una serie de recomendaciones.
El 15 de octubre, el consejo de administración mantuvo una reunión en la que se trató la situación procesal del presidente ejecutivo. Ni la CNRGC y el propio consejo consideraron necesario apartar a Monzón de la presidencia, pero sí acordaron solicitar al afectado que informase a la compañía sobre la “evolución del procedimiento penal” por si ello implicaba algún cambio en el informe emitido. El 13 de enero, el juez dictó un auto de sobreseimiento provisional.
El auto -al que tuvo acceso Vozpópuli-, retiraba la imputación a Monzón porque, según el criterio del juez, no se pudo probar que el expresidente de Indra realizara tareas de "supervisión, vigilancia y control" de los contratos que investiga la Audiencia Nacional como parte del caso Púnica.
El documento incidía en que no sólo no existía indicio alguno del conocimiento de los hechos investigados por parte del presidente de la compañía en el momento de los hechos -Monzón-, sino que además "ninguno de los investigados ha hecho referencia alguna a la interlocución de Francisco Javier Monzón, o interferencia, o interés", hasta el punto de que en los interrogatorios no ha habido referencia alguna o han negado haber hablado con él cualquier asunto relativo a los hechos investigados.
Y agregaba: "Ninguno de los directivos investigados reconoce deber de supervisión o dación de cuenta al presidente de la compañía en la contratación examinada".
