La subida del 22,3% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros al mes en 14 pagas, que entró en vigor el 1 de enero de 2019, ha provocado la destrucción de al menos 50.000 puestos de trabajo en España en el pasado año, tal y como habían advertido economistas a los que el Gobierno tachó de "agoreros".
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, en el cómputo del año pasado se han ido a la calle 14.008 empleadas del hogar; han despedido a 33.417 trabajadores del campo -que cotizaban en el Sistema Especial Agrario-; hay 1.141 trabajadores menos dedicados al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; y han sido despedidos 505 trabajadores del mar. Colectivos, los anteriores, en los que es habitual cobrar el salario mínimo.
A estas cifras se suma que el número de autónomos dedicados al comercio y a la reparación de vehículos, es decir, propietarios de talleres en los que es probable que hubiera asalariados cobrando el salario mínimo, ha caído en 10.069 trabajadores.
Las cifras parecen confirmar que instituciones como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), o los servicios de estudios de algunas entidades como BBVA, tenían razón cuando advirtieron que esa subida sin precedentes del salario mínimo conllevaría destrucción de empleo.
Sus "augurios" escocieron al Gobierno
Cuando se formalizó la subida del SMI, el Banco de España pronosticó que podrían destruirse en España hasta 125.000 empleos en los colectivos en los que cobrar ese sueldo es más común: los jóvenes (un 25% de ellos cobra el SMI), las mujeres (8,5%), la agricultura (28,1%) y servicios de mercado (7,7%), y los trabajadores con menor nivel de formación (16,8%).
Este informe del supervisor encendió la ira del Gobierno, y la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, llegó a decir que el Banco de España sólo estaba lanzando "malos augurios" que creaban una "alarma inconsistente" y exigió a la institución que dirige Pablo Hernández de Cos que "pidiera perdón por su error".
Los economistas de BBVA Research, por su parte, vaticinaron inicialmente que la medida provocaría "entre 75.000 y 195.000 empleos menos en el bienio 2019-2020" y, con datos a cierre de septiembre del año pasado, reconocieron que el impacto acumulado hasta entonces era de entre 10.000 y 50.000 puestos de trabajo menos.
"La afiliación en los colectivos con mayor cobertura del SMI mantiene su ralentización con respecto al observado en 2017 y 2018. El impacto de este factor sobre el empleo sigue siendo limitado (entre 10.000 y 50.000 afiliados)", apuntaban entonces.
El mapa de las más afectadas
También acertaron los pronósticos en cuanto a cuáles serían las comunidades y provincias más afectadas: Canarias, Extremadura, Andalucía y Región de Murcia.
A cierre de año, algunas de las provincias de estas comunidades acumulan una caída de la afiliación que no se veía desde la crisis: -1.786 trabajadores en Jaén, -456 en Badajoz, y -202 en Cáceres.
Por comunidades, el frenazo ha sido considerable en esas cuatro: Canarias ha pasado de crear 26.495 empleos en 2018 a 14.441 en 2019 (-45,5%), Extremadura ha pasado crear 9.460 empleos a destruir 658 (-106%), Andalucía creó 98.217 puestos en 2018 y 65.201 en 2019 (-33%) y la Región de Murcia ha pasado de 17.822 empleos nuevos en 2018 a 16.218 en 2019 (-9%).
A pesar de que los datos confirman que esos colectivos, sectores y regiones han sufrido una desaceleración -e incluso destrucción- de empleo en 2019, coincidiendo con la subida del Salario Mínimo que les afecta especialmente, el Gobierno no ha reconocido hasta el último mes del pasado año que sí ha habido un impacto del SMI en el empleo.
Reconocen el impacto en empleadas del hogar
Al analizar los datos de paro del mes de diciembre, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció que la subida del Salario Mínimo había desplazado a decenas de miles de empleadas del hogar que cobraban ese sueldo al mercado negro: "las 13.000 empleadas del hogar que han dejado de cotizar se dedican a otras ocupaciones y han sido sustituidas por personas en situación irregular, por economía sumergida", reconocía.
Puso sobre la mesa uno de los problemas derivados de esta medida, pero argumentaba que el Gobierno no puede hacer nada para evitarlo: "el problema es que no podemos controlarlo porque, entre otras cosas, el domicilio es inviolable", decía como excusa.
