La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este viernes que el Gobierno aprobaba la prohibición a todas las empresas de hacer despidos mientras dure la crisis económica provocada por el coronavirus. "No se puede despedir", anunciaba en rueda de prensa, pero la letra pequeña del real decreto-ley publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la desmiente.
"La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido", dice la norma, lo que quiere decir que el despido por causas económicas pasa de ser procedente (con causa objetiva de despido) a improcedente.
No se prohíbe, sólo se encarece para la empresa, que en lugar de pagar una indemnización de 20 días por año trabajado pasará a pagar al despedido una indemnización de 33 días.
Lo confirman a Vozpópuli fuentes del Ministerio de Trabajo. ¿Cualquier trabajador puede irse a la calle el próximo lunes mientra sea por medio de un despido improcedente con indemnización de 33 días? "Depende de las causas, pero como mínimo improcedente, sí", reconocen. "Depende del juez, en todo caso", dicen en alusión a la posibilidad de que el presunto trabajador despedido decida llevar su caso a los tribunales.
Reacciones a la falsa prohibición
Al anuncio propagandístico del viernes del Gobierno, sucedieron reacciones de distinto tipo. Los sindicatos celebraron la decisión del Ejecutivo de prohibir el despido (aún no han reaccionado al hecho de que no exista prohibición sino encarecimiento), mientras que la patronal -que se enteró de la medida al ver comparecer en directo a la ministra- advirtió de que el anuncio no iba en la buena dirección y desembocaría en un incremento del desempleo.
Ni unos ni otros parecían conocer la realidad: no hay prohibición del despido, sólo encarecimiento del mismo. Aunque todos los medios de comunicación, este incluido, se hicieron eco de las palabras de la ministra e informaron de que el despido quedaba prohibido, ningún miembro del Ministerio se puso en contacto para aclarar el error.
