Economía

El ajuste del Gobierno obligará a paralizar grandes obras, cerrar líneas de Renfe y posponer la A-7 y la SE-40

El Ejecutivo no hablará de cancelaciones pero sí de un nuevo calendario que retrasa la finalización de las obras

  • El recorte obligará a cerrar líneas de tren y a retrasar obras

El ajuste de 40.000 millones de inversión pública anunciado por el Gobierno tiene ya una consecuencia inmediata: se retrasará (en algunos casos de forma indefinida) la mayoría de grandes obras públicas, según han revelado a Vozpópuli técnicos del ministerio de Fomento. Según esas fuentes, el Ejecutivo no hablará de “cancelaciones” pero sí de un nuevo calendario que retrasa el horizonte de finalización de obras en carreteras y ferrocarriles.

TRENES: El recorte de inversión pública obligará forzosamente a rebajar lo que se conoce como “aportaciones patrimoniales a Renfe y ADIF”. Eso significa que se cerrarán algunas de las líneas que ya operan y que se retrasarán algunas de las obras ya en marcha.

Según los técnicos consultados, tres proyectos del AVE sufrirán retrasos inmediatos: el del AVE a León, el de Pajares y, previsiblemente, también el AVE a Galicia en torno al que la ministra Ana Pastor no ha querido dar fechas.
“La obra provisional (hasta Vigo) podría terminarse antes de primavera pero la infraestructura definitiva se retrasará”, aseguran fuentes técnicas del ministerio.

Junto al retraso en las obras, el ajuste forzará –según los primeros cálculos—al cierre de las líneas menos rentables. Según los técnicos, el ministerio dispone ya de informes sobre la falta de rentabilidad de las líneas convencionales de media distancia en Galicia, Andalucía y las conexiones de la Cordillera Cantábrica con Madrid. “No hay una decisión tomada”, aseguran fuentes de Fomento, “pero todo está sujeto a revisión”. El cierre de líneas afectaría a esos tres frentes y dejaría fuera del ajuste tanto al AVE como a los servicios de Cercanías.

 

CARRETERAS: El ajuste en Renfe y ADIF irá acompañado de recortes en la red de carreteras. A día de hoy, tres grandes infraestructuras están bajo revisión: la A-7, la A-8 y la S-20. La estrategia oficial es la de hablar de retrasos y no de cancelaciones, sobre todo en obras que ya han dilatado sus fechas con los gobiernos socialistas.

Es el caso de la A-7 que el anterior Ejecutivo reconoció que no podría entrar en servicio en 2012. A día de hoy, sigue en el aire la licitación de uno de los tramos (el de La Gorgoracha-Puntalón) que asciende a 46 millones de euros. El horizonte para terminar las obras podría retrasarse un par de años. 

La SE-40, la carretera de circunvalación de Sevilla, será también objeto de ajuste. Los informes remitidos a la ministra Ana Mato plantean reducir a un solo carril por sentido los túneles originales (los llamados túnel Norte y túnel Sur) con el objetivo de recortar la inversión prevista de 460 millones de euros, según revelan a Vozpópuli fuentes del ministerio. Ese presupuesto inicial podría recortarse en más de un tercio, según las estimaciones iniciales de los técnicos. Sin embargo, la decisión será política y nadie espera que se anuncie antes de la cita electoral en Andalucía para no convertir el tema de las infraestructuras en un lastre del candidato popular, Javier Arenas.

De igual modo, se retrasará la licitación de los 31 kilómetros de la A-8, la Autopista del Cantábrico, que todavía permanece en fase de estudio.

El colchón del ajuste en obra pública

Fomento tiene que decidir todavía si descongela o no el pago de otros 150 millones de euros que mantiene pendientes de pago por expropiaciones de obras ya adjudicadas o incluso ya terminadas. Esos fondos que fueron liberados en presupuestos pasados han corrido el mismo destino que muchos de los fondos de la administración pública y sus pagos han sido retrasados. El Ejecutivo dispone de un colchón con el que ponerse al día o con el que acumular más dilación administrativa.

De igual modo, algunas de las obras que se han paralizado ya también servirán de colchón para ese ajuste. Algunas obras que tenían compromisos de pago ya comprometidos ascendieron a 1.650 millones de euros.

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