La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos analizó ayer el proyecto de ley de Presupuestos que entrará en el Congreso a principios de abril. Lo esperan como agua de mayo las comunidades con la situación financiera más apurada, pues Hacienda ya les ha comunicado que el proyecto incluirá mecanismos para facilitar su financiación.

El pasado Consejo de Ministros, el Gobierno autorizó operaciones de endeudamiento por importe conjunto de 4.710 millones a las comunidades de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia. El problema es que algunas de ellas, en concreto las que gobiernan María Dolores de Cospedal y Alberto Fabra, han encontrado serias dificultades para colocar sus emisiones porque el mercado no se fía de ellas. Algunas agencias ya les han dado la calificación de bono basura y eso les está suponiendo un obstáculo añadido para financiarse en condiciones razonables.

El mecanismo que estudian ahora los técnicos de Hacienda busca que estas comunidades, cuyas cuentas están sometidas a un mayor control por parte del Gobierno central, disfruten de las unas condiciones de financiación parecidas a las que rigen para el Reino de España mediante los oportunos avales. “No adelantamos nada si autorizamos las emisiones de deuda, pero no pueden colocarla en los mercados”, aseguran fuentes gubernamentales.

Las ayudas a las comunidades más castigadas por la deuda no se paran aquí. El Gobierno también acaba de autorizar operaciones de endeudamiento a estas mismas regiones por importe de 1.497 millones para que financien este año el abono de las cantidades aplazadas de la liquidación negativa del sistema de financiación correspondiente a los ejercicios de 2008 y 2009. Las comunidades se han visto favorecidas por la ampliación a diez años del plazo previsto para la devolución de estos anticipos a cuenta  y también por la obtención de una liquidación positiva sobre estos anticipos en el ejercicio de 2010, lo que les permitirá aumentar sus ingresos en un 0,62% a lo largo de este año.

La financiación de buena parte de las comunidades se mantiene viva gracias a las líneas ICO establecidas por el Gobierno, pero este combustible se les agota en junio. Será entonces cuando los mecanismos que se introduzcan en los próximos Presupuestos operen como flotadores.

A favor de las comunidades pesa también la posible subida de los impuestos especiales (combustibles, tabaco y alcoholes), ya que tienen cedido el 58% de estos tributos. Además, Hacienda tiene claro que no soportarán cargas añadidas como consecuencia del ajuste extra de 5.000 millones exigido por Bruselas. El objetivo de déficit fijado para este año sigue siendo para los diferentes territorios del 1,5%.

Moody’s rebajó en febrero la calificación a Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura, Galicia, Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Valencia, en todos los casos con perspectiva negativa y por presiones crecientes de liquidez y desequilibrios presupuestarios.