El Gobierno anunció ayer que dos sociedades tasadoras se encargarán de establecer la valoración real de las carteras inmobiliarias de las entidades financieras, en aras de la transparencia, pero, sorprendentemente, no confirmó quiénes serán. A mediados de semana, los bancos recibieron la notificación oficiosa de que se trataba de Blackrock y Oliver Wyman, pero lo cierto es que el Ejecutivo se cuidó mucho de anunciarlo tras el consejo, pese a ser preguntado por ello. Varias fuentes indican que alguna de estas entidades asusta por lo duras que son sus valoraciones y el daño que pueden causar en algunos bancos. Luis de Guindos declaró que "serán entidades de prestigio y sin conflicto de interés". Este último punto hace extremadamente difícil la selección. 

Blackrock ya participó en el saneamiento de la banca irlandesa y en fuentes bancarias señalan que la agresividad de esta entidad puede llevarles a presentar descuentos dignos de ‘fondo buitre’ que quieren realizar operaciones en España. Blackrock, además, es una enorme gestora de fondos y ha tomado participaciones en agencias de rating, tema que levantó cierto escándalo.

El Gobierno es consciente de que hay que realizar un ajuste profundo de los activos inmobiliarios, aunque un calado tan abrupto asusta. Valoraciones al 10% o 20% del valor pueden ir más allá de lo realista y provocar un serio cambalache en el sistema.

Ironía

En febrero, el director de Regulación del Banco de España ironizaba ante analistas con que si el suelo valía cero, él mismo lo compraría. Con un ajuste como el temido, esa afirmación ya no sería tan descabellada.

El jueves, los nombres estas dos consultoras se filtraron y desde las principales entidades financieras se aseguraba que eran las opciones seleccionadas. Pero la no confirmación oficial el día en el que el Consejo de Ministros aprobó la creación del ‘banco malo’ y se tasarían de manera independiente los activos tóxicos hace temer a las entidades financieras que los nombramientos se han congelado, en busca de firmas con un perfil más suave o, al menos, independiente. Cosa complicada. 

Hay que recordar que a principios de mes, la agencia Reuters reveló que el Banco de España estaba chequeando a Goldman Sachs, UBS y Credit Suisse para efectuar esta labor, algo que también genera controversias. No en vano, Goldman ha revelado que en el primer trimestre ha tenido posiciones cortas contra la deuda española, lo que hace discutible que pueda venir a sanear ahora el sistema financiero. Recientemente, ha afirmado que el agujero inmobiliario que debe limpiar la banca asciende a 58.000 millones de euros, es decir, ya ha tomado cartas en el asunto. Esta entidad, a su vez, ha sido acusada de haber ayudado a Grecia a manipular sus cuentas públicas para no ser sancionada por Bruselas.

Credit Suisse, por su parte, es el azote de las empresas constructoras españolas. Ha sido el bróker más activo sobre empresas como ACS, Sacyr y FCC, devorada por las posiciones cortas y ha lanzado furibundos informes contra la primera, culpando de gran parte de la mala situación de la constructora a su presidente, Florentino Pérez.

UBS, directamente, tuvo que ser rescatado en 2008 por el Gobierno suizo. Así, encontrar una entidad realmente independiente que haga su trabajo sin sombra de dudas y calme los ánimos no parece una tarea fácil para el Gobierno, que, sin embargo, deberá decir con rapidez qué sociedades se encargarán de efectuar las obligadas tasaciones. 

Tal vez el Ejecutivo confirme sin dilación que se trata de las dos firmas citadas al inicio, pero si es así, nadie se explica por qué el ministro de Economía se cuidó mucho de pronunciar ningún nombre tras anunciar la reforma.