El programa para la liberalización de las grandes infraestructuras y servicios de transporte no pasó hace dos semanas el filtro de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, de ahí que el anuncio hecho con antelación por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quedara en el aire. El enfrentamiento entre Fomento y Hacienda explica el motivo último del parón y también el retraso con el que el Gobierno está procediendo a encauzar grandes asuntos pendientes como la privatización de los aeropuertos, el cambio de la gestión en Renfe, la imposición de peajes en las autovías o el futuro de Correos.
Al Ministerio que dirige Cristóbal Montoro le interesa que las privatizaciones se hagan de forma solvente pero rápida porque el Estado necesita obtener recursos. Pero estos intereses chocan con los de muchos ingenieros y abogados del Estado instalados en la sala de máquinas de Fomento que, a decir de algunos dirigentes del PP, han “secuestrado” a Ana Pastor y han anulado el afán liberalizador que el Gobierno alberga en el campo de las grandes infraestructuras. Muchos de ellos proceden de la anterior administración socialista y llevan décadas en puestos de responsabilidad intermedios desde los que se condiciona la tarea del Ministerio, explican las mismas fuentes.
Para desatascar los proyectos que están parados y mediar en las tensiones que enfrentan a Hacienda y Fomento, Mariano Rajoy ha encomendado a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que coja el toro por los cuernos y agilice la agenda de privatizaciones pendientes. De hecho, en La Moncloa se ha constituido una especie de comité de privatizaciones en el que participan la Oficina Económica que dirige Álvaro Nadal, altos cargos de Economía, Hacienda y Fomento.
Renfe, Correos, Aena y autovías esperan los planes liberalizadores del Gobierno
Entre los expedientes que desde el equipo económico del Gobierno se consideran prioritarios figuran el de la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril, actualmente monopolizado por Renfe. En la agenda consta también la privatización de Aena, con una deuda de 14.000 millones de euros que lastra su funcionamiento y que, posiblemente, se afrontará mediante la venta individual de los aeropuertos. Casi la mitad de esta deuda se concentra en Barajas debido a las inversiones para construir la T4. Al organismo que preside José Manuel Vargas le vencen este año más de 660 millones de euros de deuda y entre los principales acreedores figuran entidades españolas y alemanas, además del Banco Europeo de Inversiones.
La vicepresidenta primera está mediando también en el conflicto desatado por la intención de introducir peajes en las autovías, bien vista por Luis de Guindos, Montoro y los sectores más liberales del PP, pero rechazada por el núcleo duro de Fomento y también por el ministro de Industria, José Manuel Soria, a pesar de que el mantenimiento anual de la red de autovías supera los 800 millones de euros y no se está haciendo en condiciones. En Hacienda se opina que con los peajes podría recaudarse anualmente cerca de 2.000 millones de euros.
Queda también por desatascar la privatización de Correos, aunque en este caso los estudios van más atrasados porque el negocio ha caído en picado y antes de vender la empresa se necesitarían fuertes inversiones.
