El plazo para hacer ofertas sobre Caser se vuelve a retrasar ante el enorme interés que está recibiendo la aseguradora por parte de los cuatro candidatos. Las ofertas en firma llegarán después del conocido como 'puente de la Constitución' y se prevé que sean más altas de lo esperada, lo que podría suponer que la compañía se termine vendiendo por encima de los 1.000 millones de euros, cifra que barajaba el mercado, pero no los compradores, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes conocedoras de la operación.
La clave del precio la tiene los distribuidores, aquellos que comercializarán los productos de la aseguradora, que son las cajas que siguen en Caser. En estos momento, los interesados en la compra se están viendo con ellos para poder realizar su oferta final.
Helvetia, Nationale Nederlanden, Ageas -la antigua Fortis- y Santalucía, uno de los últimos actores en sumarse a la compra, ya han hecho su 'due dilligence' y ahora están preparando su oferta. Las cuatro han mostrado el mismo interés, lo que ha provocado un pequeño retraso en los planes. No obstante, se espera que la operación se cierre este mismo año. La venta beneficiaría mucho a algunos bancos como Bankia o CaixaBank y no se descarta que al final el capital que se venda sea distinto al ofertado (60%).
Una vez finalice el proceso de venta, junto a Cóvea saldrán del accionariado múltiples entidades financieras que entraron en Caser. Se trata de algunos de los principales bancos españoles y cajas de ahorro: Bankia, Ibercaja, Liberbank, Caixabank, Abanca, Unicaja y Banco Sabadell. La mayor parte de ellos forma parte de la aseguradora de manera forzosa, fruto de las compras y fusiones de cajas realizadas tras la crisis financiera.
Mientras que Bankia, CaixaBank y Abanca han contratado a Barclays como asesor en esta operación, BBVA y Banco Sabadell, que cuentan con una participación mucho más reducida, planean deshacerse de ella una vez comience el proceso de venta sin necesidad de asesoría externa. Todas estas entidades alcanzaron un acuerdo antes de verano para desprenderse de lo que consideran como una participación "no estratégica" en la aseguradora nacida de las antiguas y quebradas cajas de ahorro.
Covea se queda fuera
La opción de que Cóvea haga una oferta en firme ha quedado descartada. La firma francesa contaba con derecho preferente de compra al ser ya accionista de la compañía, con un 20% del capital. De hecho, gracias a su derecho de tanteo, fue la la primera a la que se le ofreció Caser. Finalmente, ha optado por no hacer uso de ese derecho.
Por otro lado, el otro gran tapado, Mapfre, que intentó entrar en el proceso, también quedó fuera. El pasado mes de julio, Antonio Huertas aseguraba públicamente que ya no participaba en el proceso de venta y reordenación de su base accionarial. "Sobre Caser solo puedo decir que nunca recibimos respuesta a nuestra carta que enviamos a principios de año y para nosotros es un tema cerrado, no estamos en el proceso", añadía entonces Fernando Mata, el director financiero.
Conflicto laboral
La sección sindical estatal de la CGT en Caser ha advertido a los nuevos compradores que desde el año 2002 existe un conflicto laboral abierto con la dirección que afecta a cerca del 80% de la plantilla. Según fuentes sindicales, en los últimos 17 años se ha llegado a registrar cerca de 300 demandas por parte de los trabajadores, lo que ha supuesto un coste de hasta cinco millones de euros para la compañía en cantidades pagadas, consignadas o reclamadas ante los juzgados.
Afirman que desde entonces se han celebrado más de ochenta juicios, entre vistas y resoluciones, donde la empresa "no ha tenido ni una sentencia firme a su favor". El motivo del conflicto es algo complejo. En el año 2002, Caser optó por fusionar todas las distintas compañías de seguros que conformaban en aquel momento el grupo. Se trataba de Caser, MAAF, Sud América Vida y Pensiones, Le Mans Seguros y Ecuador. La absorción se finalizó a efectos contables en enero de 2004.
Como consecuencia, cientos de trabajadores de aquellas compañías fueron absorbidos por Caser. Acto seguido, se puso en marcha un contrato de homologación de condiciones que tenía como objetivo equiparar las condiciones salariales de los nuevos trabajadores con los antiguos. Un acuerdo que muchos de los representantes sindicales de entonces se negaron a firmar al considerarlo "nefasto" para sus compañeros.
