La sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) pondrá en juego uno de los contratos de energía más jugosos del año, valorado en unos 260 millones de euros para el suministro de electricidad para los dos próximos años. Una licitación que, en principio, despertará el interés de las grandes del sector pero que tiene la particularidad de que introduce una condición para evitar que el proveedor resuelva el contrato antes de tiempo como consecuencia de las fluctuaciones del precio de la electricidad en el mercado mayorista.
La espiral alcista registrada por este mercado en los últimos meses ha provocado que grandes clientes de las eléctricas con contratos de suministro a largo plazo se hayan encontrado con resoluciones anticipadas de los mismos o con que las prórrogas previstas no se han ejecutado. En la mayoría de los casos, la causa ha sido que a la compañía no era capaz de hacer rentable el contrato porque el precio de la energía que tenía que adquirir en el mercado era superior al pactado en el contrato.
Acuamed es la sociedad encargada de construir y explotar instalaciones hidráulicas en el ámbito geográfico de las cuencas mediterráneas, con el fin de suministrar agua a ayuntamientos, comunidades de regantes y empresas destinadas a su distribución. Se trata de un gran consumidor al que este tipo de circunstancia le puede resultar especialmente delicada.
Para prevenirla, la licitación de Acuamed para el suministro de electricidad a los puntos de demanda que gestiona incluye la potestad por su parte de realizar operaciones de cierre en el mercado de futuros de la electricidad para fijar el precio al que la consumirá en 2020, y que la compañía comercializadora quede obligada a ejecutarlas.
Afectados públicos y privados
La opción se mantiene abierta también para el año 2021, toda vez que la duración prevista del contrato es de un año con la opción de prorrogarlo durante doce meses más.
Las empresas públicas no se han salvado del problema suscitado a raíz de las decisiones de las eléctricas de no seguir con los contratos por motivos de precio. El último caso ha sido el de Madrid Calle 30, encargada de la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras de la autopista de circunvalación de la capital, participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid.
La empresa ha tenido que afrontar la licitación de un nuevo contrato de suministro de energía eléctrica con carácter de urgencia por la imposibilidad de ejercer la opción de prórroga por un año que se contemplaba. A raíz de la subida de los precios de la electricidad, la adjudicataria, en este caso Naturgy, planteó a Madrid Calle 30 su negativa a prorrogar el contrato en las mismas condiciones. Algo que ha pillado un tanto por sorpresa a la sociedad encargada del mantenimiento de la infraestructura.
Denuncias ante la CNMC
Según publicó El Independiente a comienzos de enero, hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han llegado diversas denuncias por parte de clientes a las comercializadoras por este tipo de actuaciones, que el organismo regulador estaría estudiando.
Las empresas mantienen que actúan conforme a la Ley en este punto e insisten en que los clientes tienen los mismos derechos en cuanto a una resolución anticipada del contrato. Hasta el punto de que en épocas en las que el escenario era completamente opuesto, es decir, los precios en el mercado mayorista eran muy reducidos, algunos de estos clientes decidieron terminar anticipadamente con los contratos debido a que estaban pagando una cifra notablemente más elevada a la que reflejaba el mercado.
