Los asesores fiscales de las empresas españolas temen que la transposición de la directiva europea que eleva el control sobre la comunicación de operaciones incremente los costes empresariales y restrinja el derecho y el deber del secreto profesional.
"Es un disparate", "es una salvajada", "es una revolución fiscal", son algunas de las calificaciones recabadas entre asesores fiscales de multinacionales españolas y varios expertos en la materia de grandes despachos y consultoras internacionales. Este diario ha acordado con todos ellos respetar su petición de anonimato. "Si aparece mi nombre, mañana mismo tengo una inspección", ha comentado más de una de las fuentes consultadas.
El Ministerio de Hacienda está trabajando en esa transposición de la Directiva 2018/822 sobre nueva obligación de "comunicar mecanismos transfronterizos". La Directiva impone la obligación de revelar a la Administración tributaria operaciones, situaciones, que afectan a más de un Estado, que puedan ser sospechosas de elusión fiscal; y también contempla que serán las normativas nacionales las que definan el alcance del secreto profesional que ampara a abogados y asesores fiscales.
"El secreto profesional es un deber y un derecho y no ampara la comisión de un delito", dice un asesor de grandes empresas españolas
Pero los asesores y abogados españoles temen que en esa transposición, Hacienda vaya más allá de la directiva europea y obligue a comunicar "mecanismos" nacionales -operaciones realizadas en España-, y que aproveche para suprimir el secreto profesional de los asesores. El diario Expansión publicó el miércoles que el borrador con el que ahora cuenta Hacienda retirará al abogado interno de empresa el secreto profesional, y que estudia que haya que informar de las operaciones nacionales.
Consulta pública
La transposición de la Directiva tiene que convertirse en ley este mismo año. Esta semana ha finalizado la consulta pública que Hacienda había lanzado para la elaboración de la nueva norma. Durante los últimos meses, técnicos de Hacienda han acudido a foros de expertos en la materia para conocer sus opiniones.
"En todos esos foros se les ha dicho que es una materia muy delicada, que en realidad abre la puerta a que Hacienda acceda aún más a información sensible de empresas", dice uno de los abogados consultados que ha asistido a esas reuniones.
Voracidad de Hacienda
"Todo responde a la voracidad de Hacienda por la información", dice el asesor fiscal de una multinacional española. "Pero va a suponer un coste mayor para las empresas, la obligación de comunicación de ciertas operaciones requerirá nuevos procedimientos informáticos, más tiempo de trabajo... y todo para ofrecer una información que no tiene por qué tener mucho sentido", señala.
"Es un disparate", afirma otro asesor de grandes empresas españolas. "El secreto profesional es un deber y un derecho y no ampara la comisión de un delito", defiende, "si uno tiene la voluntad de delinquir, restringir el secreto profesional no le va a frenar".
Será especialmente sensible "qué sanciones se van a imponer, con qué criterios", advierte otro abogado de una consultora internacional. "Y habrá que ver con qué recursos cuenta la Administración para poder atender toda esa avalancha de información que va a requerir", añade.
