La crisis económica y la sanitaria, por un lado, y el modelo de crecimiento basado en los servicios, con empleo inestable y precario, y también la devaluación salarial y la mayor flexibilidad de la última reforma laboral, por otro, están evitando que la Seguridad Social obtenga más ingresos y, sobre todo, más estables. Según sus datos, de los 18,8 millones de afiliados medios que tiene en la actualidad (400.000 menos que hace un año en el inicio de la pandemia), sólo 7,3 millones mantienen un empleo indefinido a jornada completa.

Si a esa cifra le sumamos los 548.157 funcionarios que no disponen de contrato, que se supone que están en estas condiciones laborales (se les inscribe como “Otros” en el Régimen General), así como los 442.524 empleados públicos de la sanidad y la educación que figuran también en este apartado -aunque probablemente son interinos y no tienen este carácter de estabilidad en el puesto- sale que en el mejor de los casos solo el 40% de los afiliados a la Seguridad Social (unos 8,3 millones) tienen un contrato fijo a tiempo completo.

Es decir, cuatro de cada diez empleos gozan de una estabilidad laboral que puede aportar ingresos recurrentes a la caja de las pensiones dependiendo de sus bases de cotización. En todo caso, se trata de uno de los porcentajes más bajos de la historia laboral. Y la pandemia también pasa factura, ya que en febrero había casi 20.000 indefinidos menos que hace un año.

Pero las cifras pueden empeorar ya que esta estadística incluye a la mayoría de los 900.000 afectados por un ERTE en el sector privado. En caso de ser despedidos, agravarían más la situación y la posibilidad recaudatoria del sistema público de pensiones. Es decir, si saliera del mercado laboral, por ejemplo, la mitad de esos trabajadores con el empleo suspendido, la estadística de los empleos estables se reduciría sensiblemente (ese 40% de cotizantes regulares sufriría una importe merma).

El comercio al por menor es el que tiene más asalariados con empleo indefinido a jornada completa, con 753.693

Todas las reformas laborales, sobre todo las que se realizaron a partir de los años noventa, se han justificado políticamente como un intento de reducir la dualidad entre el empleo indefinido y el temporal. Nunca se ha conseguido. Por tanto, lo que menos abunda en el mercado son los españoles que pretenden un empleo indefinido y una jornada de ocho horas diarias, que es lo que aporta al sistema mayores cuotas y también más ingresos a la caja de Hacienda.

El comercio al por menor es el que tiene más asalariados con empleo indefinido a jornada completa (753.693). Representa el 10,2% de los 7,3 millones de asalariados directos (esta cifra no incluye a los funcionarios sin contrato). Por su parte, el comercio al por mayor acumula 572.720 (7,8% del empleo fijo). Si sumamos las dos cifras, sale que el comercio en general tiene a 1.326.417 trabajadores fijos, que representan el 18% de todos los empleos estables a jornada completa, pero solo llega al 7% del total de afiliados a la Seguridad Social.

Por su parte, los bares y restaurantes agrupan a 285.850 nóminas indefinidas a jornada completa mientras que las ocupaciones relacionadas con la informática ocupan el tercer lugar (274.033). Y detrás se encuentra el transporte terrestre (273.208), la educación en general (privada y pública con contrato) con 271.768, la construcción especializada (258.248) y la alimentación (247.425).

Por tramos de edad, se observa que el empleo fijo con jornada de ocho horas diarias se ha ido reduciendo entre los colectivos de menos de 45 años (casi 130.000 menos en el último año, de ellos hay 80.000 entre 35 y 44 años cuando se supone que tenían ya lanzado su empleo estable). Se trata de los colectivos más baratos de despedir. Mientras, ha aumentado este empleo entre los mayores de 45 años (151.000 más). Llama la atención el crecimiento del 10,3% (en casi 40.000) en los mayores de 60 años y del 13,6% entre los mayores de 65 años (4.500). Todo esto se debe al ‘envejecimiento’ del empleado público y también a que muchos asalariados no han podido activar la jubilación o su anticipación por la catarsis de la Administración en la crisis de la pandemia.

Por autonomías, Madrid, donde se concentra la Administración Central y la regional, lidera el ranking de comunidades con más empleo fijo y a jornada completa. Acumula el 21,3% (1.572.306 empleos de estas características y más de 200.000 en el capítulo de “otros”) así como 333.000 más fijos a tiempo parcial. Le sigue Cataluña con 1.547.242 y 324.000 parciales. En tercer lugar figura Andalucía, con 846.595 fijos a tiempo completo y 247.450 a tiempo parcial. Estas tres regiones acumulan más de la mitad del empleo total indefinido en jornada completa.

La Seguridad Social contabiliza además 1.160.810 empleos el Régimen General que no identifica si son fijos o eventuales o si tienen jornada a tiempo completo o tiempo parcial. Los denomina “Otros” y entre ellos figura ese millón de empleados públicos sin contrato (en los servicios generales, en educación y en sanidad) así como otros colectivos con empleo más precario como los cuidadores profesionales y asalariados en programas de formación y prácticas.

Existe otro grupo de afiliados con empleo indefinido, pero no tienen contrato a jornada completa sino a tiempo parcial, es decir, sólo trabajan unas pocas horas diarias. Por tanto, su remuneración y sus bases de cotización son más bajas y también son más baratos de despedir. Hay cerca de dos millones de trabajadores en esta situación (incluye a los empleos fijos discontinuos). Es una cifra similar a la del año pasado pero supera en 600.000 a la que había, por ejemplo, antes de la gran crisis de 2007.

Contratos fijos a tiempo parcial

El empleo indefinido que más se contrata tras la doble recesión es mayoritariamente por unas horas. Gran parte de esta ocupación parcial procede de conversiones procedentes de contratos temporales de jornada completa cuyo plazo legal de duración acumulada ha concluido y las empresas tienen que decidir si despiden o contratan a estos trabajadores de forma indefinida a los que ya tiene formados. Por edad, este empleo decrece en menores de 44 años y sube en mayores de 45, es decir, en el colectivo con mayores cargas familiares. El comercio tiene 413.000 asalariados en estas condiciones, a casi 300.000 llega la cifra de los existentes en los bares y restaurantes y a 220.000 los que hay en los servicios a edificios y actividades de jardinería.

El resto de afiliados de que dispone la Seguridad Social es temporal tanto a jornada completa como parcial y sus cotizaciones no tienen apenas valor cualitativo ni estable debido a su excesiva rotación, baja duración y también a los bajos sueldos. Hay casi 3,9 millones de empleos en estas condiciones (2,6 millones son a tiempo completo y 1,3 millones a tiempo parcial), unos 400.000 menos que en el último año. Lo que demuestra que no hay empleo en España porque ni siquiera crece el temporal. Andalucía suma más de 725.000 eventuales mientras que Cataluña acumula 662.000 y Madrid 576.000. Cataluña es la región con más empleo eventual por horas (234.000), casi el 20% del total, es decir, uno de cada cinco de estos empleos más precarios se da en esta región.

Si sumamos todo el empleo por horas existente en España (tanto indefinido como eventual) sale que hay más de 3,3 millones de personas bajo esta modalidad parcial. Representa el 18% de la ocupación total en España y el 23% de los asalariados totales.

Es evidente que la Seguridad Social necesita empleos más estables para tener ingresos regulares. Al Régimen General, el que más afiliados tiene y que aporta el 80% de la recaudación, le quedan en total (incluyendo todas las modalidades de contratación) 15,5 millones de cotizantes sumando el régimen especial agrario y el de hogar frente a los 15,9 millones de hace un año. A estas cifras hay que sumar 3,2 millones de autónomos, pero más del 80% cotiza por las bases de cotización mínimas, y unos 60.000 de los regímenes especiales de mar y el carbón (también con basas mínimas). En total, salen 18,8 millones de afiliados medios frente a los 19,2 millones de hace un año y los 19,5 millones del récord conseguido en julio de 2019. Y la calidad contributiva al sistema sigue deteriorándose.

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