La Agencia Tributaria (AEAT) ya ha recibido denuncias internas sobre casos de corrupción y prácticas ilícitas en su seno por un canal que está plenamente operativo desde el 12 de junio. Así se desprende de una comunicación del Fisco de este martes que dedica buena parte de su contenido a trasladar lo avanzado de su adaptación a las nuevas obligaciones que impone la normativa que traspone la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre, de protección del informante o whistleblower.

El Fisco ha desarrollado un canal interno de denuncias, que denomina de "denuncias sobre conductas de su personal", por el que ha recibido comunicaciones que se refieren a cuestiones ajenas a su fin como denuncias tributarias, que deben ser recalificadas y redirigidas al cauce correspondiente.

Pero ya se han producido denuncias sobre las citadas conductas ilícitas y de corrupción contra las que se dirige la Directiva. La AEAT considera que esto significa que el canal ha comenzado a "operar de manera muy satisfactoria, lo que demuestra la conveniencia de su existencia", y califica el número de denuncias recibidas de "escaso", lo "esperado y esperable" a su juicio en una organización como la Agencia Tributaria, en la cual asegura que sus empleados públicos "demuestran día a día su vocación de servicio público".

Fuentes de la AEAT trasladan que no tienen más datos sobre el tipo de denuncias ni su número concreto. Depurar la información llevará tiempo, señalan.

La Directiva 2019/1937 tenía como fecha límite de transposición el 17 de diciembre de 2021. El vencimiento del plazo determinaba una serie de implicaciones relativas a su eficacia directa, de modo que los particulares podían invocar su aplicación, en un escenario en el que la promulgación de la Ley de protección del denunciante y el establecimiento de los medios necesarios para la eficacia de las medidas contempladas se retrasaba.

Canal de denuncias

A la vista de ello, aún sin la promulgación de la ley de transposición, la AEAT se considera "pionera" en la implantación del sistema, para lo que aprobó la Instrucción 1/2022, de 25 de enero de 2022, de la Dirección General, por la que se creaba un canal de denuncias sobre conductas de su personal.

Finalmente, la promulgación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, determinó la adaptación del sistema interno, lo que se realizó a través de la Resolución de 12 de junio de 2023.

Sobre cuestiones prácticas y detalles del canal, en la web corporativa se ha incorporado un formulario que permite la presentación de comunicaciones telemáticas con garantía de confidencialidad y se permite la presentación y tramitación de comunicaciones anónimas sin que sea necesaria la comunicación de la identidad del informante.

La competencia para el conocimiento y gestión de las comunicaciones corresponde al Servicio de Auditoría Interna (SAI), que también se rige por la confidencialidad. El acceso a las comunicaciones se encuentra muy restringido a un reducido grupo de personas responsables de llevar a cabo la investigación con el máximo sigilo.

El informante puede solicitar mantener una reunión presencial para efectuar la comunicación, que deberá celebrarse dentro del plazo máximo de siete días desde la formulación de la petición. Y puede elegir entre el canal interno y el externo. De este último se encargará la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

El precedente de EEUU

La protección de los informantes se diferencia de los diferentes regímenes de denuncia que ya existían. El objetivo es erradicar conductas infractoras desde una perspectiva preventiva.

Para la consecución de ese objetivo, la AEAT cree primordial ofrecer un marco de protección a los informantes potenciales, quienes suelen renunciar a informar por miedo a represalias. Se habla de "informadores" o "informantes" y no de "delación" ni de "delatores".

Estados Unidos ha sido pionero en esta materia, y ya en 1988 promulgó su Ley de Protección al Informante (Whistleblower Protection Act). La proliferación de normas sobre esta materia en Estados Unidos en las últimas dos décadas ha permitido que se destapen casos como Worldcom, FBI y Enron, advierte el Fisco.

Igualmente, en la UE apunta a escándalos cuyo conocimiento sobrevino de la mano de informantes, como las emisiones de VW o Dieselgate, así como el asunto Luxleaks.

Las denuncias de los inspectores

Más allá de las denuncias anónimas e individuales, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha estallado contra la cúpula de la Agencia Tributaria y contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha hecho público el pasado viernes en su XXXIII Congreso en Burgos un documento en el que denuncia la "instrumentalización y utilización política" de la AEAT, con vendettas y fugas de datos fiscales desde hace años, además de clamar contra el acceso a dedo de interinos que se está promoviendo desde 2021, y advertir sobre el "grave riesgo" de que se cree una Agencia y un cupo catalanes como está encima de la mesa en la negociación de la investidura de Sánchez.

Todo esto se denuncia en un documento muy crítico que se hace público en medio de un clima de cisma de los inspectores y la cúpula de la AEAT, como informó Vozpópuli, por el acceso de inspectores nombrados a dedo.

En el documento, analizan con detalle varios casos de filtraciones de datos tributarios y presiones entre 1997 y 2015 que a su juicio ponen de manifiesto "una utilización política de la AEAT, y una falta de independencia que creen que un futuro estatuto de la AEAT debería proporcionar".

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